Con el objetivo de enfrentar la histórica vulnerabilidad de Nicaragua como ruta del crimen organizado transnacional y controlar los flujos migratorios irregulares hacia países del norte, los diputados del plenario aprobaron reformas a la Ley No. 761, Ley General de Migración y Extranjería; y modificaciones a la Ley No. 641, Código Penal de la República de Nicaragua.
«Se requiere fortalecer nuestro marco jurídico para adaptarlo a estos nuevos tiempos, garantizando un flujo migratorio ordenado en nuestro país. Así continuaremos siendo un referente de seguridad en América Latina. Uno de los principales objetivos es asegurar el ingreso de nacionales y extranjeros de manera ágil, segura y adecuada«; expresó la diputada y vicepresidenta de la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos.
Igualmente, la reforma fortalece la soberanía del Estado en decisiones sobre el otorgamiento, denegación y cancelación de ingreso, permanencia, residencia y nacionalidad nicaragüense.
«Además, permitirá actualizar el marco del Ministerio de Migración y Extranjería para cumplir con la Constitución Política de nuestro país y reforzar la paz y seguridad en Nicaragua»; añadió la funcionaria.
Principales disposiciones de la reforma
Igualmente, la reforma incluye medidas para fortalecer los controles fronterizos, establecer la transición al uso del pasaporte electrónico, permitir a ciudadanos extranjeros adquirir más de una subcategoría migratoria, e incorporar la nueva categoría de «Visa de Negocios»; en línea con la promoción de inversiones y convenios bilaterales.
Así mismo, el plazo para autorizar la salida preventiva de menores de edad, a solicitud de uno de los padres cuando exista riesgo de traslado sin permiso; se amplía de 72 horas a 7 días hábiles.
También se redujo el plazo para que los empleadores informen sobre la contratación de trabajadores extranjeros, a fin de prevenir la explotación laboral de migrantes. Asimismo, se incluyen nuevas tasas por servicios que antes no estaban contemplados.
Medidas coercitivas contra quienes vulneren la integridad nacional
De esta manera, las reformas al Código Penal endurecen las sanciones contra la evasión de controles fronterizos con fines ilícitos.
Aquellas personas que ingresen o salgan de forma irregular con el propósito de menoscabar la integridad, independencia, soberanía y autodeterminación de la nación, comprometer la paz, alterar el orden constitucional. Además, fomentar actos terroristas o desestabilización económica y social; serán sancionadas con penas de dos a seis años de prisión y multas de 600 a 1,000 días.
De esta forma, Nicaragua busca reforzar su marco jurídico para enfrentar amenazas a su seguridad y soberanía, garantizando un manejo ordenado y seguro de sus fronteras y recursos migratorios.
