Un 64.2 % del Presupuesto General de la República de Nicaragua (PGR), aprobado por la Asamblea Nacional este martes 26 de noviembre para el año 2025; está dirigido a programas sociales y socioproductivos enfocados en la lucha contra la pobreza.
El PGR contempla ingresos por 158,730.4 millones de córdobas y un presupuesto de gastos de 154,026.1 millones de córdobas; cifras superiores a las aprobadas para 2024.
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Este presupuesto para 2025 registra un superávit por tercer año consecutivo, reflejando el manejo eficiente de las políticas monetarias del Gobierno Central. En esta ocasión, el excedente global es de 4,704.3 millones de córdobas, cifra que, al incluir donaciones externas; alcanza los 5,754 millones de córdobas.
La mayor asignación corresponde al Ministerio de Salud de Nicaragua, con C$26,180.4 millones.
Un presupuesto para hacer frente a la lucha contra la pobreza en Nicaragua
Por su parte, el sector educativo experimenta un incremento del 9.6% respecto al 2024, con un presupuesto asignado de C$28,532.0 millones destinados al MINED, INATEC, universidades y centros de educación superior. Además, C$11,865.9 millones serán entregados a las municipalidades para sus proyectos locales.
La Comisión de Producción, Economía y Presupuesto destacó: «El Presupuesto General de la República 2025 cuenta con el respaldo financiero de la comunidad internacional. En este presupuesto se incorporan nuevos organismos financiadores que aportan al desarrollo económico de nuestra nación, como China CAMC Engineering Co., Ltd. (CAMCE) y China Communications Construction Company Limited (CCCC), de la República Popular de China, que contribuyen con el 23.2 % del total de cooperación externa, con C$5,380.8 millones y C$1,017.7 millones respectivamente».
El Presupuesto General de la República 2025 de Nicaragua se sustenta en el crecimiento económico sostenido y en una política fiscal prudente, garantizando la estabilidad macroeconómica, el fortalecimiento del crecimiento inclusivo y equitativo, así como la continuidad de los servicios públicos esenciales en salud, educación, seguridad ciudadana y defensa de la soberanía nacional.
También asegura la sostenibilidad de la deuda pública y la permanencia de los subsidios que protegen el poder adquisitivo de las familias nicaragüenses.