La Guardia Civil en España ha llevado a cabo una importante operación internacional para combatir el fraude alimentario; en la que 32 personas han sido detenidas y 21 están bajo investigación.
Esta acción se enmarca en una serie de esfuerzos de colaboración entre el cuerpo armado español y la Oficina Europea de Policía (Europol); con el objetivo de frenar prácticas fraudulentas en la industria alimentaria.
En el transcurso de la operación, los agentes realizaron más de 3.000 inspecciones en almacenes, centros de distribución, medios de transporte; y puntos clave como puertos y aeropuertos en toda España.
2.000 infracciones administrativas en España
Como resultado, se identificaron aproximadamente 2.000 infracciones administrativas relacionadas con irregularidades en la producción y distribución de alimentos.
Las personas implicadas enfrentan cargos que incluyen delitos contra la propiedad industrial, estafa, fraude alimentario, falsificación de documentos y atentados contra la salud pública. Se les acusa de vender aceites de baja calidad etiquetados falsamente como aceite de oliva virgen extra y de manipular la fecha de caducidad de productos para extender su vida útil; poniendo en riesgo a los consumidores en España.
El alcance de esta operación es notable, ya que se retiraron del mercado bienes valorados en más de 98 millones de dólares. Además, las autoridades confiscaron 22.000 toneladas de productos ilegales y 850.000 litros de bebidas; lo que subraya la magnitud del problema.
#OperacionesGC
Hasta 50 personas detenidas e investigadas en nuestro país en una macroperación internacional contra el fraude alimentario, en colaboración con @Europol
En total se han retirado del mercado bienes valorados en más de 91 millones de euroshttps://t.co/jT7skgQMVk pic.twitter.com/51CyPCCRSc— Guardia Civil (@guardiacivil) October 27, 2024
La colaboración con Europol permitió coordinar acciones a nivel europeo, lo cual resultó esencial para el éxito de esta operación en la que; además de España, otros países se vieron involucrados.
Esta intervención busca garantizar la seguridad de los consumidores; salvaguardar la autenticidad de los productos y proteger el mercado de prácticas fraudulentas que afectan tanto a la economía como a la salud pública.
