Policías de Perú dispararon bombas lacrimógenas este jueves contra manifestantes que se unieron al paro general de transporte, convocado por transportistas y otros gremios; para exigir al gobierno de la mandataria designada, Dina Boluarte, mejores medidas de seguridad pública ante el aumento de la violencia y la extorsión.
La Policía Nacional del Perú (PNP) lanzó bombas lacrimógenas contra los manifestantes que se congregaron en las proximidades del Congreso de la República, en Lima; con el objetivo de expresar su rechazo hacia los legisladores y el Gobierno de Boluarte.
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La situación ha generado preocupación entre la ciudadanía, ya que los actos de delincuencia, incluyendo sicariatos; han aumentado sin que se perciban acciones efectivas por parte del gobierno para combatir estos problemas.
La abogada defensora de derechos humanos, Yanet Marín; compartió su perspectiva sobre el clima de desesperación que siente la población.
Enfrentamientos en Perú
Denunció la inacción de la policía y cómo muchos han sido víctimas de extorsiones y violencia. Marín destacó la preocupación por las leyes recientes que; según ella, favorecen a las organizaciones criminales en lugar de proteger a los ciudadanos en Perú.
El primer ministro, Gustavo Adriancén, insinuó que el paro fue promovido por grupos terroristas, lo que ha generado rechazo y desconfianza entre los manifestantes. Marín argumentó que estas afirmaciones son una excusa para justificar detenciones arbitrarias; mientras la violencia y el crimen organizado siguen proliferando sin control.
A pesar del estado de emergencia decretado en 14 distritos de Lima Perú, la efectividad de las medidas gubernamentales es cuestionada, ya que la presencia policial es escasa y no se han logrado resultados significativos en la captura de criminales.
La Ley 32.108, que facilita la defensa de los delincuentes, ha sido objeto de críticas por su aparente protección a la criminalidad.
Expertos y ciudadanos piden la derogación de leyes que consideran perjudiciales para la seguridad pública en Perú, mientras la frustración y el miedo continúan en aumento; reflejando una crisis de confianza en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad.
