La Asamblea Nacional de Nicaragua ha aprobado un dictamen favorable para la Ley de Reforma y Adiciones a la Ley N° 406, Código Procesal Penal; con el objetivo de fortalecer el sistema judicial frente a delitos organizados y transnacionales.
Esta reforma responde a la necesidad de actualizar el marco jurídico del país en consonancia con los cambios sociales y la evolución del crimen organizado.
En particular, se busca garantizar la igualdad de recursos y oportunidades para las partes involucradas en los procesos judiciales; así como asegurar que las víctimas, testigos y peritos puedan participar de manera segura y efectiva.
Uno de los aspectos más relevantes de esta reforma es la inclusión de mecanismos para enfrentar de manera más ágil delitos como el lavado de activos, terrorismo, ciberdelitos, tráfico de órganos y drogas, entre otros.
Mayor eficiencia para tratamiento de casos en Nicaragua
Las novedades de esta reforma establecen que, ante la convocatoria de juicios orales por razones de seguridad, fuerza mayor, caso fortuito o conmoción social; cualquiera de las partes puede solicitar el cambio de lugar para la celebración del juicio, con el objetivo de resguardar la integridad de ambas partes.
Del mismo modo, se dispone que el jurado esté compuesto por personas de la localidad donde se lleve a cabo el juicio.
El Ministerio Público de Nicaragua podrá solicitar la tramitación compleja en cualquier etapa del juicio, ya que anteriormente se limitaba a hacerlo en el primer escrito de acusación. Además, el juez tendrá la opción de revocar la condición de juicio complejo cuando lo considere necesario.
Así mismo, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el poder judicial podrán realizar diligencias previas al juicio y en la etapa investigativa para obtener información financiera; así como datos de proveedores de servicios informáticos y de empresas de telefonía móvil y fija.
La reforma también contempla la devolución de bienes incautados o decomisados bajo el principio de buena fe, siempre que el sujeto tercero presente pruebas de titularidad.
Mayor protección a víctimas y testigos
Se amplía la protección a víctimas, familiares, testigos, peritos y demás personas que intervienen en investigaciones de casos complejos de crimen organizado.
Además, se incluye la posibilidad de cambiar temporalmente la identidad y domicilio de víctimas de trata de personas y sus familiares.
Finalmente, se establece la recepción anticipada de pruebas para evitar manipulaciones o influencias sobre los testigos.
