Según Wilder (1997), la impunidad significa ausencia de castigo ante la existencia de un delito o de una violación de los derechos humanos, en donde el sistema judicial penal no entra en funcionamiento pese a estar diseñado para conocer estas trasgresiones.
El Decreto Supremo n° 4078 emitido por la autoproclamada presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez Chávez, es un tipo de impunidad, concretamente la denominada impunidad legal, la cual ocurre cuando una norma jurídica (ley, decreto, reglamento, etc.) impide que ciertas personas involucradas en violaciones de derechos humanos deban responder ante las autoridades.
El artículo 3 del decreto establece que “El personal de las FF.AA., que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal”, esta disposición extiende una especie de carta blanca a las fuerzas armadas para violar los derechos humanos.
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Dicha disposición es inconstitucional por ir contra la noción misma del Estado de Derecho en donde ningún individuo se encuentra por encima de la ley, además, resulta violatoria de los instrumentos del sistema interamericano de derechos humanos tales como la Convención Americana, la cual establece en su artículo 1 la obligación de respetar los derechos humanos, dentro de los cuales se ubican la vida y la integridad física, mismos que se ponen en riesgo con la existencia de este decreto.
Cabe resaltar que los sistemas de derechos humanos tienen una función que consiste en prevenir la ocurrencia de nuevas violaciones, esto demanda que los gobiernos tomen las medidas necesarias para que las violaciones de derechos humanos sean impracticables, el problema es que este decreto hace lo contrario, estimula la represión violenta de las manifestaciones que acontecen en Bolivia.
Llama la atención que el decreto fue emitido el día viernes 19 de noviembre, día en que al menos nueve manifestantes fallecieron como consecuencia de disparos provenientes de armas largas, evidenciándose la intención de otorgar impunidad a las fuerzas armadas en futuras actuaciones.
Sorprendentemente el decreto n° 4078 ha sido cuestionado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y por el Consejo Permanente de la OEA, sin embargo, la resolución sobre "La Situación en Bolivia" aprobada el 20 de noviembre no ha sido lo suficientemente enfática en lo que al decreto se refiere y como era de esperarse continúa ignorando la ruptura institucional que se creó a partir del exilio de Evo Morales.
Fuentes consultadas
Wilder, T. (1997). La problemática de la Impunidad y su Tratamiento en las Naciones Unidas. Revista IIDH, 24. 186-213.
