El expresidente de la Conmebol Eugenio Figueredo logró su primer triunfo judicial en las causas que se le siguen por actos de corrupción al lograr ser extraditado a Uruguay en vez de Estados Unidos.
«Ese era nuestro primer objetivo», dijo la abogada de Figueredo, Karen Pintos, a The Associated Press. «Acá tendrá la posibilidad de tener un juicio justo, en el país donde se inició la denuncia, donde supuestamente se cometieron los delitos, donde supuestamente están los damnificados. Esas son las razones jurídicas por las queremos que sea juzgado en Uruguay. Luego están las familiares: sin duda acá estará más cerca de su familia y mucho más contenido».
Pintos trabajó para que Uruguay reclamara la extradición de Figueredo y evitara que fuera enviado a Estados Unidos, el país que primero pidió su extradición a Suiza y donde fue acusado en mayo por aceptar sobornos a cambio de los derechos comerciales de la Copa América.
La abogada presentó un escrito ante el juzgado uruguayo donde se sustancia la causa por corrupción en la Conmebol en Montevideo, reclamando que Uruguay pidiera la extradición. Allí argumentó que si Figueredo finalmente llegaba al país, colaboraría con la justicia uruguaya.
El dirigente llegará a Uruguay el jueves y la abogada no oculta cuál será su próxima jugada: mientras el fiscal que lleva el caso anunció que pedirá a la jueza Adriana de los Santos que Figueredo sea procesado por los delitos de estafa y lavado de dinero, ella solicitará su prisión domiciliaria.
«No es un regalo que estoy pidiendo a la justicia. En Uruguay la ley establece que toda persona mayor de 70 años o que tenga un estado de salud delicado, que tiene que ser certificado por un médico forense del Poder Judicial, puede pedir la prisión domiciliaria», manifestó a la AP.
Figueredo tiene 83 años y según su abogada ha estado en tratamiento oncológico y fue tres veces operado del corazón.
Para algunos observadores, Figueredo estima que en Uruguay podrá conseguir beneficios que en Estados Unidos no.
«Figueredo siempre quiso eludir a la justicia de Estados Unidos. Se lo planteó y lo consiguió», dijo a la AP el periodista Diego Muñoz, quien está escribiendo una biografía de Figueredo y desde hace años investiga las denuncias de corrupción en los contratos televisivos del fútbol uruguayo y sudamericano.
«Él sabía que ante la justicia estadounidense no tenía posibilidad de quedar bien parado. Y acá, en Uruguay, él cree que la tiene. Pero eso habrá que verlo a partir de ahora», agregó.
Muñoz explicó que Figueredo cambió varias veces su estrategia de defensa y que Pintos es la tercera abogada que encabeza su equipo de defensores, luego de que otros dos abogados quedaran por el camino.
El doctor Gustavo Bordes fue su primer defensor cuando los manejos de la Conmebol fueron denunciados en Uruguay en diciembre de 2013. En aquel momento nadie sabía que Estados Unidos estaba detrás del mismo asunto. La estrategia de Bordes fue argumentar que Uruguay no tenía derecho a juzgar hechos cometidos en Paraguay, donde está la sede de la confederación.
«Las circunstancias han cambiado con la aparición de Estados Unidos, que nadie sabía que estaba en esto mientras yo fui el abogado», afirmó Bordes a la AP.
El fiscal uruguayo de crimen organizado que lleva el caso, Juan Gómez, también celebró la extradición al país sudamericano.
«Me parece una decisión que se ajusta al hecho de que fuimos los primeros que comenzamos a investigar esta trama de corrupción en la Conmebol, a la cooperación que Uruguay le dio al Departamento de Estado cuando éste la solicitó, y que se ajusta también a que los delitos que se le imputan a Figueredo en Uruguay -lavado de activos y estafa- son más graves que los que enfrenta en Estados Unidos», dijo a la AP.
«Es una gran responsabilidad para Uruguay, que esperamos poder cumplir. Es algo que le hace muy bien a nuestro sistema judicial», agregó.
El caso en Uruguay comenzó con una denuncia penal que presentaron clubes y el sindicato de jugadores profesionales, que acusaron a la Conmebol de haber desestimado ofertas de empresas que pagarían más por la transmisión de los torneos continentales Copa Libertadores y Copa Sudamericana.
Los actuales contratos de televisión de Conmebol son con la empresa argentina TyC Sports. Según la denuncia, las ofertas superiores rechazadas serían de Global Sports, propiedad del empresario televisivo uruguayo Francisco Casal. La Conmebol sostiene que las ofertas de Casal no se pueden considerar porque existen contratos vigentes.
Fabián Pumar, secretario general del sindicato de jugadores, dijo a la AP en 2014 que «entre 2011 y 2013 los jugadores uruguayos que actuaron en torneos continentales dejaron de ganar más de cuatro millones de dólares por las decisiones arbitrarias de Conmebol».
El abogado del sindicato, Pablo Barreiro, opinó que la extradición de Figueredo a Uruguay es «muy positiva, habla muy bien del sistema judicial uruguayo y me deja muy satisfecho como denunciante».
El Departamento de Justicia estadounidense acusó a Figueredo de crimen organizado, fraude electrónico y lavado de dinero por su participación en la trama de sobornos a cambio de los derechos comerciales de torneos, incluyendo la Copa América. Esos delitos conllevan una pena máxima de 20 años de cárcel. También lo acusó de mentir al «declarar que sufría de demencia severa» para evitar tener que someterse a pruebas de civismo y de inglés cuando recibió la ciudadanía estadounidense en 2006.
Al anunciar la extradición a Uruguay la semana pasada, el gobierno suizo indicó que allí Figueredo podría ser juzgado por más delitos, incluyendo por obtener la ciudadanía estadounidense.
