La Audiencia Nacional de España rechazó una solicitud de los abogados de Neymar para que se desestimara un caso sobre las supuestas irregularidades en la transferencia del futbolista brasileño al Barcelona hace dos años.
El tribunal anunció el miércoles que investigará la querella de un fondo de inversiones brasileño que alega que sufrió daños cuando el Barsa y Neymar supuestamente ocultaron el costo real de la transferencia del delantero del club Santos en 2013.
La querella presentada en junio por el fondo de inversiones DIS también acusa al Barcelona y al padre de Neymar, junto con el ex presidente del club Sandro Rosell y al actual presidente Josep Bartomeu. Además, aparecen Santos y su actual y ex presidentes.
Rosell, Bartomeu y el Barcelona se juntaron con Neymar y su padre para apelar el caso ante el tribunal en Madrid.
La corte rechazó los recursos de apelación al señalar que hay «visos de perpetración criminal» en un intento por ocultar el monto total pagado al equipo brasileño.
El fondo de inversiones tenía derecho a recibir el 40% del monto de la transferencia de Neymar que correspondía a Santos, pero alega que recibió una cifra menor porque parte del dinero fue pagado con acuerdos secretos.
Según la información oficial, Santos recibió un pago de 17,1 millones de euros (18,9 millones de dólares) por la transferencia de Neymar, pero investigaciones en España después revelaron que el Barsa gastó casi 83,3 millones de euros (92 millones de dólares) para adquirir al goleador.
Otro tribunal de Madrid tiene en sus manos una demanda similar contra Rosell por la transferencia. El dirigente renunció a la presidencia por estas acusaciones.
La FIFA dijo recientemente que también analiza una querella sobre la transferencia. Santos alega que Neymar y su padre violaron el contrato del jugador al comenzar a negociar con el Barsa sin el permiso del club brasileño.
Neymar, de 23 años, también está en aprietos con el fisco brasileño, que este año congeló cuentas suyas con unos 189 millones de reales (48 millones de dólares) por acusaciones de evasión fiscal.
MADRID (AP)
