El gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC pidieron el viernes al papa Francisco y al secretario general de la ONU que participen en la elección del tribunal especial que juzgará los delitos más graves del conflicto armado, una vez se firme la paz.
Además de Francisco y Ban Ki-moon, el tribunal será conformado con la ayuda la Corte Suprema de Justicia de Colombia, el Centro Internacional de Justicia Transicional y el Sistema Universitario del Estado, que reúne a 32 universidades públicas, según un comunicado conjunto leído en La Habana, sede de las negociaciones de paz.
Cada una de esas personalidades y organismos escogerá «una persona para conformar el mecanismo» que dará paso a la jurisdicción especial para la paz, indicaron el gobierno y los rebeldes.
El tribunal especial estará finalmente integrado por 20 magistrados colombianos y cuatro extranjeros, que juzgarán las acciones más graves de la guerrilla y los agentes del Estado, enfrentados desde hace medio siglo.
El conflicto, que involucra a paramilitares y otros grupos insurgentes, deja unos 260.000 muertos y casi siete millones de desplazados, además de unos 45.000 desaparecidos, según cifras oficiales.
El proceso de selección de los magistrados se realizará una vez concluya la negociación y entre en vigor el acuerdo final de paz, que deberá ser sometido a plebiscito en una fecha todavía por definir.
El gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) habían acordado en diciembre de 2015 las fórmulas de justicia y reparación de víctimas, pero quedaba pendiente determinar el procedimiento para elegir a los jueces del posconflicto.
Las dos delegaciones ya acordaron que los responsables de delitos atroces como secuestro, violencia sexual y ejecuciones fuera de combate sean procesados por el tribunal especial.
Asimismo, serán amnistiados los rebeldes que estén señalados de levantarse en armas contra el Estado, un punto que todavía está en discusión y que ha retrasado el cierre de las negociaciones con las que las FARC buscan desarmarse y convertirse en partido político.
«Habrá justicia»
El pacto de paz, que está próximo a suscribirse tras casi cuatro años de difíciles negociaciones en Cuba, prevé que los guerrilleros, militares y policías que contribuyan con verdad, justicia y reparación de las víctimas recibirán penas alternativas de reclusión que les evitará ir a la cárcel.
«Prometimos que la selección de los magistrados (…) se haría de manera totalmente independiente, confiable, al más alto nivel y lo hemos logrado. Hemos cumplido nuestra promesa», declaró Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador de paz del gobierno.
Por lo tanto, agregó, si «está el Santo Padre, el secretario general de Naciones Unidas, la Corte Suprema y dos organismos más podemos decir claramente que habrá justicia para las víctimas».
De su lado, Iván Márquez, líder de la delegación de paz de las FARC, también confió en la imparcialidad del futuro tribunal.
«Hemos construido una propuesta, sin duda perfectible, que dé garantías a la sociedad y a la comunidad internacional, confiando para ello en personalidades mundiales (…) que, por sus investiduras, deben estar al margen de cualquier sospecha o tacha moral», afirmó.
El jefe rebelde recordó que el tribunal examinará «las responsabilidades de todos los participantes del conflicto».
El anuncio de este viernes supone un avance hacia la conclusión exitosa del proceso de paz, que incluye seis puntos.
Las partes se han puesto de acuerdo en el problema agrario (origen del conflicto), la sustitución de narcocultivos, justicia para las víctimas, desarme de la guerrilla y fin del enfrentamiento, además de la participación política de los rebeldes y refrendación de los acuerdos.
Restan por finiquitarse asuntos como el del alcance de la amnistía.
«Las FARC seguimos dispuestas a avanzar en la construcción del acuerdo final, pero necesitamos que cesen ya las obstrucciones propias del estilo de negociación caprichoso, desgastador, que todo lo dilata», indicó Márquez, sin referirse abiertamente al gobierno.
