El gobierno uruguayo pospuso por tiempo indefinido la llegada de un segundo contingente de refugiados sirios que debía arribar al país este año de acuerdo con un plan de ayuda humanitaria anunciado en 2014 por el entonces presidente José Mujica.
El secretario de Derechos Humanos Javier Miranda «dijo que el gobierno aplazó sin fecha la llegada del segundo contingente de refugiados sirios. De sus declaraciones, lo que yo entendí es que la llegada de este segundo grupo no se va a cumplir», dijo el viernes a The Associated Press el diputado Pablo Abdala, integrante de la Comisión de Población y Desarrollo a la cual Miranda fue convocado para informar sobre la marcha del plan de acogida de refugiados.
El diputado agregó que «Miranda reconoció que se cometieron errores en cuanto a la inserción y adaptación del primer grupo de refugiados que llegó. Afirmó que ha sido una experiencia muy compleja para la cual el gobierno no estaba del todo preparado. Fue muy sincero».
Uruguay recibió en octubre de 2014 a cinco familias sirias, un total de 42 personas, en un publicitado gesto humanitario. Un segundo grupo de 72 refugiados debía completar el plan a comienzos de 2015 pero su llegada fue pospuesta una y otra vez al tiempo que el primer grupo experimentaba todo tipo de complicaciones en su adaptación al país.
En febrero de 2015 la prensa denunció casos de violencia doméstica entre los refugiados, que la justicia desestimó.
En marzo, en su primer discurso al asumir, el presidente Tabaré Vázquez, sucesor de Mujica (2010-2015), dijo que haría un «profundo análisis» antes de aprobar el arribo de la segunda tanda de refugiados.
En abril, una de las cinco familias sirias -los Aldees- fue denunciada por una autoridad local por no enviar a sus hijas a la escuela, situación luego resuelta según indicaron las autoridades educativas.
En agosto la familia Aldees intentó abandonar Uruguay con pasajes comprados con dinero propio. Pero el documento que se les proporcionó, un «título de identidad y viaje», no fue aceptado por las autoridades de Turquía. Tras pasar 20 días retenidos en el aeropuerto de Estambul debieron regresar.
En septiembre, las cinco familias sirias montaron un campamento frente a la presidencia durante cuatro días reclamando abandonar Uruguay, un país al que consideraron caro y falto de oportunidades laborales.
En octubre, Merhi Alshebli, jefe de una de las familias, se roció con combustible mientras negociaba con funcionarios de Derechos Humanos. Los funcionarios lo denunciaron ante la justicia por agresión y lo sancionaron dejándolo un mes sin ayuda económica.
Miranda reconoció en el Parlamento que aún subsisten graves dificultades para incorporar a los refugiados sirios al mercado laboral y por primera vez divulgó el monto de la ayuda monetaria que reciben.
Según relató Abdala, la cifra varía según el número de integrantes de cada familia y va entre 36.000 y 70.000 pesos mensuales (entre 1.200 y 2.330 dólares, aproximadamente). A eso se suman 26.000 pesos (unos 865 dólares) para gastos que deben justificarse con la presentación de comprobantes.
Según el plan original, estaba previsto que la ayuda económica fuera disminuyendo en forma gradual y cesara a los dos años.
