La Corte Internacional de Justicia ordenó a Japón en marzo de 2014 que revocara los permisos de caza de ballenas en la Antártida por considerar que el programa no se ajustaba a los fines científicos establecidos por la Comisión Ballenera Internacional.
El Gobierno de Australia evalúa adoptar acciones legales contra Japón por no respetar un fallo internacional que condena su programa científico de caza de ballenas en aguas antárticas, publican hoy medios locales.
En marzo de 2014, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Japón que revocara los permisos de caza de ballenas en la Antártida por considerar que el programa no se ajustaba a los fines científicos establecidos por la Comisión Ballenera Internacional, en respuesta a una demanda presentada por Australia.
No obstante, Japón considera que la jurisdicción del tribunal de la ONU no se aplica a ninguna investigación en materia de conservación, gestión o explotación de recursos vivos marinos, informa The Guardian.
Japón planea reanudar unilateralmente la caza de ballenas en la Antártida a finales del presente año que contempla la matanza anual de 333 ballenas minke entre 2015 y 2027, agregó la fuente.
Esperamos que Japón no reanude la llamada caza científica de ballenas este verano en el océano antártico, señaló el ministro del Ambiente, Greg Hunt, en declaraciones citadas por la edición australiana del diario The Guardian.
Las autoridades australianas ya se han reunido con sus pares nipones para discutir el desdén al fallo de la Corte de la ONU y han pedido asesoría legal sobre la implicación de las acciones de Japón, según un comunicado de la oficina de Hunt emitido el lunes.
Por su lado, Darren Kindleysides, director de la Sociedad Australiana de Conservación Marina, resaltó el total desacato por parte de Japón al fallo del Tribunal y la posibilidad de que retome la caza de ballenas en la Antártida en unas semanas supone una llamada de advertencia para la comunidad internacional.
Japón, que firmó la moratoria total de la captura de ballenas con fines comerciales que entró en vigor en 1986, emprendió al año siguiente programas de capturas científicas defendiendo que estaban amparadas por el artículo VIII de la Convención de 1946 de la Comisión Ballenera Internacional.
