Gracias a un intenso trabajo investigativo realizado por detectives de la Dirección de Auxilio Judicial Nacional se logró desarticular la agrupación denominada Navajo, la que trabajaba de la mano con el cartel mexicano Los Zetas, quienes pretendían utilizar nuestro país como vía alterna y llegar a otros países para establecerse en la venta y distribución de cocaína.
Desde el mes de marzo del año 2016 el agente identificado por seguridad como código 1 de la Policía Nacional, daba seguimiento a la agrupación encabezada por Adrián López Barrera, alias el "Mexicano"; quien junto a Pablo Felipe Marín Ríos, alias "Pura Vida"; alquilaban propiedades en Nicaragua para contactarse con sus clientes y facilitar el traslado vía terrestre de la droga.
El pasado 24 del mes de octubre del año 2017, el agente de la Policía, Código 1, fue informado que rumbo al puesto fronterizo de peñas blancas a bordo de la camioneta Nissan Frontier color gris, placas M287808 se trasladaban parte de la agrupación y trasladaban una fuerte suma de dinero, por lo que se desarrolló un tenaz operativo sobre la carretera al departamento de Rivas, logrando capturar en las inmediaciones al puesto fronterizo de Ochomogo a Pablo Felipe Marín Días y Adrián López Barrera, a quienes les hallaron cerca de medio millón de dólares, siendo estos trasladados hasta la Dirección de Auxilio Judicial Nacional.
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Ese mismo día en horas de la noche, la Policía Nacional allanó la vivienda del resto de la agrupación en carretera a Masaya, logrando ocupar otra fuerte suma de dinero, en total un poco más de dos millones de dólares; todas estas declaraciones fueron admitidas por cada uno de los detenidos, quienes son señalados de los delitos de crimen organizado y lavado de dinero.
En el Juzgado Quinto Distrito Penal de Juicio, a cargo del juez Alfredo Silva chamorro, fueron declarados culpables el hondureño Osmán Selin Perla Paguaga, de 40 años; los salvadoreños: Andy Geovanny Perla, de 33 años de edad; Dixon Javier Perla Montoya, de 23 años; y Fredy Adán Amaya Blanco, mientras que el resto de los integrantes en proceso de Audiencia Preliminar admitieron los hechos en busca de una rebaja de pena condenatoria.
Tanto el representante de la Procuraduría General de la República de Nicaragua, el Lic. Abraham Abarca, y el representante del Ministerio Público, Yescar Moraga, pidieron al juez Alfredo Silva chamorro una condena de 18 años de cárcel y una multa de tres veces el valor del dinero ocupado, dinero que tendría que ser depositado en cuentas del Banco Central de Nicaragua.
