Manila, 17 ago (EFE).- La controvertida "campaña antidrogas" del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha causado otras 26 víctimas mortales en las últimas 24 horas, lo que eleva a 58 el número de muertos en operaciones policiales desde el lunes.
Las distintas operaciones policiales que resultaron con 26 muertos se practicaron en Manila entre la noche del miércoles y esta madrugada.
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El jefe de la Policía Nacional de Filipinas, el general Ronaldo dela Rosa, consideró hoy que no había nada "inusual" en la muerte de delincuentes que resisten el arresto, durante un acto en Ozamiz, en la sureña isla de Mindanao, según recogen los medios locales.
Dela Rosa instó a los policías a continuar el trabajo de mantener el orden y de proteger a la población sin preocuparse de la política.
Las nuevas muertes de supuestos delincuentes se producen después de que Duterte encomiase a las fuerzas del orden por acabar con 32 personas a principios de semana, en la considerada la operación más sangrienta de la "guerra antidroga" hasta la fecha.
Duterte calificó el miércoles de "algo magnífico" la intervención en la provincia de Bulacan, situada al norte de Manila, que acabó con 32 muertos y 107 arrestos entre la medianoche del lunes y el martes.
"Matemos a otros 32 todos los días y quizá así podamos reducir lo que aflige a este país", manifestó el gobernante de 72 años, quien ganó las elecciones presidenciales de 2016 con la promesa de acabar con el problemas de las drogas en Filipinas en seis meses.
Duterte, que se ha dado a conocer en la arena que internacional por su falta de diplomacia y los insultos con los que refuerza sus comentarios, también amenazó a los defensores de los derechos humanos que interfieran con la tarea policial.
"Si obstruyen la justicia, disparádles también", ordenó el mandatario, en una de sus habituales salidas de tono que condenó hoy la organización Human Rights Watch (HRW).
HRW recordó que no es la primera vez que Duterte les amenaza, lo hizo en diciembre y en julio, y reclamó al jefe de Estado filipino que se retracte de sus últimas palabras.
"Las amenazas del presidente Duterte contra los activistas de los derechos humanos equivalen a pintar una diana en la espalda de la valiente gente que trabaja para proteger los derechos y la dignidad de todos los filipinos", dijo el subdirector para Asia de HRW, Phelim Kine, en un comunicado.
"Duterte queda avisado de que estas amenazas de muerte contra los defensores de los derechos humanos pueden suponer el procesamiento por crímenes contra la humanidad", añadió Kine.
El director para el Sudeste Asiático de Amnistía Internacional (AI), James Gómez, dijo en otra nota de prensa que la "guerra antidroga" en Filipinas ha alcanzado "nuevas cotas de barbarie, con la Policía asesinando rutinariamente a los sospechosos, violando el derecho fundamental a la vida y burlando la justicia".
La campaña de Duterte comenzó el mismo día de su investidura, el 30 de junio de 2016, y lleva más de 7.000 muertes desde entonces, de las cuales 3.451 ocurrieron en 68.214 operaciones policiales, según datos oficiales que no incluyen las últimas víctimas mortales.
Las otras muertes se atribuyen a grupos de autodenominados "vigilantes".
La campaña también consiguió 96.703 detenciones y que 1.308.078 personas se entregaron voluntariamente a las autoridades.
El portavoz de la Presidencia, Ernesto Abella, prometió hoy en una rueda de prensa en Manila que habrá una investigación imparcial sobre la operación policial en Bulacan que ha levantado tanta polémica.
No obstante, Abella insistió en la versión oficial de que las 32 muertes se produjeron porque los sospechosos resistieron el arresto.
