HUNTSVILLE, Texas, EE.UU. (AP) — Una suspensión judicial que detuvo la ejecución por inyección letal de un prisionero de Texas, programada para diciembre, significa que 2017 terminará con 23 reclusos ejecutados en Estados Unidos, una cifra que si bien significó un ligero aumento con respecto a hace un año, es la mitad de lo que era hace una década.
Las cifras de fin de año muestran también que Texas recuperará su posición como el estado más activo de la nación en cuanto a la aplicación de penas de muerte.
Juan Castillo, preso en Texas, estaba programado para ser ejecutado en agosto por un robo con un tiroteo fatal cometido en diciembre de 2003 en San Antonio. Castillo, de 36 años de edad, vio pospuesta la fecha fatal debido al huracán Harvey. Luego se le fijó la inyección letal para el 14 de diciembre.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones Penales de Texas, la corte penal más alta del estado, envió la semana pasada la apelación de Castillo a su tribunal inicial a fin de revisar los argumentos de los abogados defensores de que un testigo presentó falso testimonio en el juicio de 2005.
La de Castillo era la última ejecución programada para 2017 en los 31 estados que imponen la pena capital en Estados Unidos, según las estadísticas del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, un grupo con sede en Washington que se opone a este castigo extremo.
Texas condenó a muerte a siete prisioneros este año, igualando el total del estado de 2016. Ellos estuvieron entre los 23 reclusos _arriba de los 20 del año pasado_ condenados a muerte en ocho estados en 2017. Arkansas realizó cuatro ejecuciones, seguida de Alabama y Florida con tres, Ohio y Virginia con dos, y Georgia y Missouri con una.
Oklahoma, que típicamente tiene una de las cámaras de muerte más activas del país, pasó otro año sin poner a ningún preso en la fila de condenados mientras el estado lucha por implementar un nuevo protocolo de ejecución.
