Washington, 26 jul (EFE).- El estado estadounidense de Ohio acabó hoy con la vida de Ronald Phillips, el primer preso que ejecuta desde que en 2014 administró a otro reo una inyección experimental defectuosa que puso en jaque la pena de muerte en todo el país.
La ejecución de hoy transcurrió sin aparentes complicaciones, de acuerdo con los testimonios de los periodistas que la presenciaron.
Phillips, el ejecutado, estaba condenado a muerte por violar y asesinar en 1993 a la hija de su pareja, una niña llamada Sheila que tenía en ese entonces 3 años y que ahora tendría 27.
"Sheila no merecía lo que le hice. Sé que ahora está con Dios y que ya no sufre más", dijo Phillips desde la camilla de la sala de ejecuciones del Centro Correccional del Sur de Ohio (Lucasville) antes de recibir la inyección letal, según notificó el Departamento Correccional y de Rehabilitación de Ohio (ODRC).
A Phillips lo sedaron con midazolam, el mismo fármaco que falló en la ejecución de Dennis McGuire -y en otras dos en Arizona y Oklahoma- en 2014.
McGuire no estaba dormido cuando los fármacos letales hicieron su efecto, por lo que su agonía fue evidente.
Esta vez, sin embargo, el midazolam aparentemente funcionó y el preso estaba sedado cuando le administraron la dosis de bromuro de rocuronio, que paralizó sus músculos, y una tercera de cloruro de potasio, que detuvo el pálpito de su corazón a las 10.43 hora local (14.43 GMT).
Según explicó el director del ODRC, Gary Mohr, el equipo de ejecuciones había hecho 18 simulacros.
La ejecución había despertado tanta inquietud que el gobernador de Ohio, John Kasich, canceló su asistencia a la inauguración de una popular feria estatal en Columbus para seguir de cerca los acontecimientos.
En el pasado, Kasich había conmutado la pena de muerte a cinco presos que ahora cumplen cadena perpetua, pero con la ejecución de Phillips, seguramente por la clase de crimen que cometió, no quiso interceder.
Phillips, cuando supo que Sheila había muerto, confesó todo tipo de abusos y maltratos que lo llevaron al corredor de la muerte. Su entonces pareja y madre de la niña, Fade Evans, fue condenada a entre 13 y 30 años de cárcel por homicidio involuntario y en 2008 murió de cáncer todavía entre rejas.
Con Phillips muerto, Ohio puso fin a tres años y medio de bloqueo a sus ejecuciones impuesto por numerosos litigios y por la escasez de fármacos, los mismos problemas por los que atraviesan la mayoría de estados para mantener viva la pena de muerte.
Mientras 2013 había cerrado con 39 ejecuciones en todo el país, en 2016 la cifra cayó a 20, un declive a mínimos históricos provocado por esos dos factores.
Sin embargo, a Ohio se le han ido acumulando las ejecuciones durante el bloqueo y ahora tiene programadas 26 en los próximos tres años (tres en lo que queda de 2017, diez en 2018, nueve en 2019 y cuatro en 2020).
Esta cifra ha llevado a los opositores a la pena de muerte a llamar a Ohio "la Texas del norte", en alusión a que el estado sureño copa cerca del 40 % de todas las ejecuciones en Estados Unidos, y a pedir a Kasich que conmute sus penas.
Lo cierto es que ningún otro estado, ni siquiera Texas, tiene tantos presos con fecha de ejecución programada.
El próximo en esa lista de 26 es Gary Otte, que si nada lo impide será ejecutado el 13 de septiembre por el asesinato hace 25 años de dos residentes de un complejo de apartamentos al que irrumpió para robar en la localidad de Parma (Ohio).
La de Phillips fue la decimoquinta ejecución del año 2017 en Estados Unidos y la 1.457 desde que el Tribunal Supremo reinstauró la pena de muerte como castigo. Ohio ha ejecutado a 54 de estos presos.
