Washington, 26 jun (EFE).- El Tribunal Supremo de EE.UU. decidió hoy que volverá a evaluar en su próximo período judicial un importante caso sobre inmigración en el que debe decidir si los inmigrantes pueden ser detenidos indefinidamente o si debe fijarse un límite a la reclusión.
De manera contraria a lo que se esperaba, el Tribunal Supremo no emitió hoy una decisión sobre el caso y decidió que lo escuchará de nuevo durante su próximo período judicial, que comenzará el primer lunes de octubre y concluirá en junio de 2018.
Cuando los jueces estudiaron este caso, en noviembre de 2016, el Tribunal Supremo se encontraba incompleto, con solo ocho de los nueve jueces que deben conformar la corte, debido a la muerte en febrero de 2016 del juez conservador Antonin Scalia, cuyo puesto estuvo vacante durante meses.
Es posible que los jueces estuvieran estancados en su deliberación y, por eso, hayan decidido volver a estudiar el caso con la presencia del juez Neil Gorsuch, el magistrado que sustituyó a Scalia y que fue nombrado para el puesto por el presidente Donald Trump.
El conservador Gorsuch puede dar el voto del desempate en caso de que, en esta ocasión, el Tribunal Supremo quede dividido entre cuatro jueces conservadores y cuatro progresistas.
Este caso es de vital importancia para el Gobierno de Trump, quien, si el Tribunal Supremo falla a su favor, puede ver ampliado su poder en política migratoria y tendría una mayor discrecionalidad para mantener en centros de detención a los extranjeros sin límite de tiempo.
El caso cuestiona si los inmigrantes, como cualquier ciudadano estadounidense, tienen derecho o no a una audiencia que examine su reclusión y pueda ponerles en libertad de manera provisional mientras las autoridades deciden si deben ser deportados o pueden acogerse a algún tipo de asilo.
El rostro del caso es Alejando Rodríguez, un hispano que en 2007 interpuso una demanda para acabar con el régimen de detención en el que llevaba tres años y, finalmente, consiguió que se celebrara una audiencia en la que un juez canceló su deportación y le permitió seguir residiendo en Estados Unidos.
Según datos del Gobierno, actualmente, 39.000 individuos se encuentran en centros de detención por haber llegado a Estados Unidos de manera irregular o por haber cometido delitos mientras residían legalmente en el país.
