Un total de 628 agentes han sido expulsados desde abril pasado de la policía de Honduras por vínculos con el crimen organizado, anunció este martes la comisión gubernamental encargada del proceso de depuración del cuerpo de seguridad.
«Hasta la fecha se han evaluado 1.515 altos oficiales y agentes de la escala básica, de los cuales se han cancelado 628«, mientras «14 han sido suspendidos, a 36 se les ha autorizado el retiro voluntario y 27 están en proceso de investigación», anotó la Comisión de Depuración y Transformación de la Policía Nacional en un informe.
El presidente Juan Orlando Hernández creó la comisión en abril pasado cuando el Congreso decretó una «emergencia» en seguridad debido a que los diarios The New York Times y El Heraldo revelaron que miembros de la cúpula policial mandaron a matar al zar antidrogas, Arístides González, en 2009 y al asesor en Seguridad Alfredo Landaverde, en 2011, por encargo de un narcotraficante.
Para evitar demandas, el decreto de emergencia incluyó el pago de derechos laborales a los separados del cargo. La comisión informó en un comunicado que erogó el equivalente a dos millones de dólares en pagos a los miembros separados bajo la figura de «reestructuración», debido a las dificultades de comprobarles delitos.
Sin embargo, dijo que remitió a la fiscalía los expedientes de 455 oficiales y agentes que cometieron delitos para que puedan ser enjuiciados en los tribunales.
El ministro de Seguridad, Julián Pacheco informó en una rueda de prensa, después de la presentación del informe, que 1.000 policías fueron contratados en diciembre pasado y otros 1.000 serán incorporados a final de 2016 en un proceso de aumento en el número de efectivos que abarcará cinco años.
El presidente Hernández ha anunciado que el plan es subir la policía a unos 26.000 miembros de unos 12.000 que tiene actualmente.
