Tres allanamientos realizados ayer en la noche por parte de la Unidad de Investigación de la Policía de Migración en la zona de La Fortuna de San Carlos, permitió desarticular una organización criminal dedicada a la Trata de Personas con fines de explotación sexual.
Los allanamientos se realizaron en el Bar Los Acostados, Bar El Tenampa y Bar Los Horcones, logrando la detención de cinco miembros de dicha organización criminal, la cual era liderada por un hombre de 37 años de nacionalidad costarricense y una mujer nacionalizada costarricense de 39 años, ambos de apellidos Rivera Carrión.
Como miembros de la organización participaban la hija de la líder, de apellidos Rivera Carrión, de 22 años de edad y naturalizada costarricense al igual que la madre, así como dos mujeres de apellidos Hernández Gonzales y Hernández Valle, de origen nicaragüenses, quienes se encuentran de manera irregular en el país.
En los allanamientos realizados por la Unidad de Investigación se detectaron siete personas menores de edad 5 hijos de las posibles víctimas de trata de personas y dos que fueron abordados las órdenes del Patronato Nacional de la Infancia indicaron mediante el departamento de prensa de la Policía de Migración.
Según la información, en total, encontraron a más de 30 mujeres, de las cuales la mayoría son de nacionalidad nicaragüense, además habían dominicanas y algunas costarricenses, todas según las autoridades posibles víctimas de trata, las autoridades decomisaron dinero, documentación y teléfonos celulares.
La investigación fue realizada por esta Unidad de investigación de la Policía de Migración, que determinó que las mujeres de nacionalidad nicaragüense eran contactadas desde León, Nicaragua, por Hernández Valle, proponiéndoles ofertas de trabajo como meseras en bares de la localidad de La Fortuna de San Carlos apuntaron, destacando que una vez que las traían a Costa Rica de manera ilegal, las llevaban hasta los bares, donde les prohibían salir.
Los detenidos fueron trasladados hasta el Ministerio Público donde deben determinar las medidas cautelares que deben cumplir los sospechosos.
