La dirigencia del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) contrató este martes guardias privados de seguridad para proteger a sus afiliados, de los cuales unos 115 han sido asesinados desde 2010, informó un fuente del gremio.
«Se contrataron nueve guardias de seguridad para trabajar las 24 horas los siete días de la semana» para proteger a los abogados en la capital, dijo el secretario del CAH, Frank Alley.
Los guardias se desplegaron en los alrededores del juzgado penal de Tegucigalpa, donde el pasado sábado acribillaron a la abogada Miriam Izaguirre del Cid, de 54 años, por causas desconocidas.
La abogada salió con un cliente del juzgado penal a una tienda, a donde llegaron unos ocho desconocidos y los acribillaron a tiros, pese a ser una zona de fuerte presencia policial. Alley indicó que muchos abogados que tienen sus oficinas privadas cerca de los juzgados pidieron al presidente del CAH, José María Díaz, que les ayudara con una medida de emergencia instalando un anillo de seguridad en esa zona de la capital.
No detalló cuántos abogados trabajan y residen en la capital. El Congreso aprobó una ley de protección de operadores de justicia, abogados, defensores de derechos humanos y periodistas, pero aún no ha creado los mecanismos para ponerla en vigor.
Según el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, 115 profesionales del derecho han sido asesinados en Honduras desde 2010, cuando ese organismo empezó a llevar un recuento de los crímenes contra los abogados.
El organismo indicó en un comunicado que 95% de los casos está impune, como la mayoría de los crímenes que se cometen en Honduras, por falta de investigación de las autoridades.
Honduras registra una tasa de homicidios de 60 por cada 100.000 habitantes, seis veces superior al promedio mundial, de 8,9 por cada 100.000, establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).