Estados Unidos no efectuó un estudio como lo exige la ley sobre las consecuencias de obligar a añadir etanol a la gasolina ni garantizó que las nuevas normativas para abordar un problema tampoco agraven otros problemas, dijo el jueves el inspector general de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés).
La conclusión de la nueva auditoría confirmó los hallazgos de una investigación de The Associated Press difundida en noviembre de 2013. La AP dijo entonces que el gobierno de Barack Obama jamás efectuó estudios para determinar si la adición de etanol de maíz a la gasolina mejoró la calidad del aire y del agua. La Ley de Independencia y Seguridad Energética de 2007 recoge que deben presentarse informes de este tipo cada tres años en el Congreso.
La investigación de la AP describió la era del etanol como más perjudicial para el medio ambiente de lo que pronosticó el gobierno. Mientras los agricultores se afanaban en encontrar nuevas zonas donde sembrar maíz se eliminaron millones de hectáreas (acres) de tierras de conservación, se contaminaron suministros de agua y destruyeron hábitats.
La EPA coincidió con las conclusiones del inspector general de que no presentaron los estudios que exige la ley. El primer informe sobre las consecuencias de los biocombustibles se presentará en diciembre de 2017, y hasta septiembre de 2024 se investigará si la adición del etanol agravó otros problemas medioambientales.
Esto ocurrirá 17 años después de la aprobación en el Congreso de una ley que obliga a las compañías petroleras a mezclar miles de millones de litros (galones) de etanol a su producción de gasolina.
El presidente George W. Bush promulgó la ley, pero le tocó su sucesor, Barack Obama, ponerla en marcha.
La EPA dijo que el estudio de 2024 necesitará que se efectúen investigaciones sobre la calidad del aire, las emisiones y cómo han sido y podrían ser producidos, distribuidos y utilizados los combustibles renovables, lo cual tomará tiempo y gran cantidad de recursos, apuntó.
La EPA dijo al inspector general que había presentado un informe al Congreso sobre las consecuencias del etanol en el ambiente y la conservación en diciembre de 2011, con un coste de 1,7 millones de dólares, además de otras provisiones para futuros documentos.
También señaló que jamás recibió comentario alguno del Congreso sobre el primer informe y aseguró que tres años era muy poco tiempo para cualquier avance científico importante de posible interés.
