Trece personas fueron arrestadas este miércoles en Panamá acusadas de alterar sentencias para beneficiar a detenidos a cambio de dinero, informaron autoridades.
Entre los arrestados hay cuatro funcionarios del Sistema Penitenciario, tres exfuncionarios de esta institución, dos privadas de libertad y cuatro particulares, según un comunicado del Ministerio de Gobierno.
Durante la «Operación Reclusión» las autoridades allanaron varias cárceles del país, así como oficinas y residencias de los acusados, en una investigación que inició el año pasado.
En conferencia de prensa, la Procuradora General (fiscal jefe), Kenia Porcell informó que la red «solicitaba dinero a cambio de alterar la información de la base de datos de los privados de libertad» con el fin de facilitar su excarcelación.
Este presunto grupo delincuencial habría alterado sentencias dictadas por los Tribunales de Justicia, falsificado mandamientos y boletas de libertad, modificado listas de conmutación de penas y manipulado traslados de presos, según las autoridades.
Incluso «se estafó a familiares» a cambio de facilitar la salida de las cárceles de determinados detenidos en un modus operandi que era conocido «por todo Panamá«, dijo Porcell, según la cual se jugó «con el deseo de libertad de unos sin importar la razón y los medios».
«Pudiera haber más detenciones en las siguientes horas», dijo de su lado el ministro de Gobierno, Milton Henríquez, en conferencia de prensa.
El Ministerio de Gobierno reiteró en el comunicado que seguirá trabajando «en su lucha permanente contra actos de corrupción» en un sistema penitenciario basado en «el respeto a los derechos humanos que refuerce la seguridad y certeza a la rehabilitación de las personas privadas de libertad».
Hasta este miércoles en Panamá hay 17.342 personas detenidas, el 60% de ellas sin condena, en 22 centros penales, los cuales tienen una capacidad para poco más de 14.000 personas, de acuerdo a datos suministrados a la AFP por el Sistema Penitenciario.
