El consejero de Seguridad Interna de la Gobernación húngara, György Bakondi, aseguró hoy que en relación con el tema de los refugiados, en el que Budapest mantiene una postura de extrema restricción, lo más importante es la seguridad y no la solidaridad.
«No es la solidaridad lo más importante, sino la seguridad», afirmó Bakondi en la televisión pública M1, en reacción a recientes declaraciones del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, sobre el principio de solidaridad que rige la medida de repartir a los refugiados por cuotas entre los socios comunitarios.
«El reglamento de las cuotas que aprobaron los Estados miembros (por mayoría, no por consenso) se basa en el principio de solidaridad, que determina que no se deben dejar solos a los países del Mediterráneo con el drama de los refugiados«, dijo Juncker el pasado domingo al diario alemán Der Tagesspiegel.
El gobierno húngaro del primer ministro, el conservador Viktor Orbán, se opone al citado reglamento y ha convocado a la población a un referéndum sobre el mismo para el 2 de octubre próximo.
«¿Quiere que la Unión Europea disponga, sin el consentimiento del Parlamento (de Hungría), sobre el asentamiento de ciudadanos no húngaros en Hungría?», será la pregunta en esa consulta.
Frente a ella, Budapest hace campaña por el «no» mediante mensajes que relacionan el tema de los refugiados con el del terrorismo en carteles y en los medios de comunicación.
«Desde el inicio de la crisis inmigratoria en Europa murieron más de 300 personas en ataques terroristas», «El atentado de París fue cometido por inmigrantes», son algunos de esos mensajes.
Bakondi dijo hoy esperar que el referendo sea «un fuerte mensaje hacia Bruselas».
La oposición, por su parte, se encuentra dividida al respecto, ya que la extrema derecha del partido Jobbik apoya al gobierno, los liberales votarían a favor del «sí», mientras que la izquierda planea boicotear el referéndum.
En el otoño del año pasado, Hungría elevó vallas alambradas en sus fronteras con Serbia y Croacia para detener el intenso flujo del refugiados y aprobó nuevas legislaciones que prevén hasta cinco años de cárcel por el cruce ilegal de la frontera.
