Autoridades panameñas informan que durante el operativo centroamericano «Mesoamérica» han capturado a 7 personas por pertenecer a una banda de crimen organizado que se ocupa del trafico internacional de personas y que podrían ser condenados hasta con 30 años de cárcel.
Las siete personas detenidas en medio del operativo internacional Mesoamérica por pertenecer a una red de tráfico de personas podrían pagar hasta 30 años de prisión, informó el fiscal superior contra el crimen organizado, Rafael Baloyes Lobos.
La operación transnacional, realizada por primera vez en Panamá, detuvo a los cabecillas: una mujer colombiana y su esposo de nacionalidad israelí, con pasaporte colombiano, que tenían como lugar de operación logístico el edificio Lacosta Tower, en Costa del Este, y desde la pensión La Cigarra, en el corregimiento Santa Ana.
Parte del personal de La Cigarra ha rendido testimonios. Algunos bajo imputación de cargos han aceptado su grado de participación, como el de los cabecillas.
El fiscal Baloyes indicó: Entendiendo que la Ley nos obliga en las convenciones […] que este tipo de personas son víctimas para nosotros y debemos darle la calidad de víctima, no obstante, no puede haber un tercero que interceda y pueda lucrar de ello. Panamá tiene que propiciar el paso de estas personas una vez ingresado y darle todas las condiciones apropiadas para salvaguardar su vida, pero este grupo criminal no permite eso; este grupo criminal lo que hace es lucrar y atentar contra la vida […] de estas personas.
La investigación para desarticular la red tomó 5 meses, en los que se pudo confirmar la vinculación y acreditación del hecho. Es un delito bastante complejo en el que se tiene que realizar todos los elementos de prueba para poder llevar a juicio, y el Ministerio Público cuenta con los argumentos para conseguir la condena en este caso, en el que la pena es de 15 a 20 años de prisión, con una agravante que puede llegar a 30 años de cárcel.
El grupo criminal solo busca lucrar su aspecto económico, sobrepasa la vida humana y en este delito hay personas que se han perdido en el trasiego por la selva de Darién, que es muy peligrosa y son víctimas de ofensas, extorsión, robos y violaciones, destacó Baloyes.
Resaltó la autoridad del Ministerio Público, que las víctimas pagan 25 mil dólares cuando salen de sus países y la red va distribuyendo ese dinero hasta llegar a los Estados Unidos. Ese dinero lo obtienen de la venta de la tierra y propiedades de sus familiares para la ilusión que tienen, pero esta red capta esta ilusión y lo convierte en una desilusión.
Entre los ciudadanos extracontinentales se puede mencionar que hay mujeres y niños de nacionalidades nepalí, bangladesí y africana.
Panamá está comprometido a nivel internacional; tenemos los convenios internacionales en los que lo ha ratificado, y estoy seguro de que por medio de la Fiscalía de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la Nación, del Ministerio Público, no vamos a escatimar esfuerzos para combatir este crimen, señaló el fiscal Rafael Baloyes.
