Con pancartas y un pliego de demandas en mano decenas de familiares marcharon el miércoles hacia la casa presidencial de El Salvador para exigir a las autoridades mejores condiciones para los pandilleros presos y sometidos a un régimen especial.
Unas 300 personas, en su mayoría madres y parejas exigieron al gobierno salvadoreño que elimine las medidas extraordinarias puestas en marcha en siete cárceles del país donde están recluidos miles de pandilleros a los que les han suspendido los privilegios penitenciarios para evitar que sigan ordenando homicidios y otros delitos como la extorsión.
«Los pandilleros pedimos: Campaña de salud médica, paquetes de uso personal e higiénico completo, visitas a familiares«, se podía leer en un cartel que un grupo de mujeres portaba al frente de la marcha.
«Nuestros familiares tienen derechos como todos y exigimos que se nos permita verlos, que podamos llevarles ropa, comida», dijo a periodistas una mujer que se identificó como Cristina Hernández.
Las mujeres también reclamaron el derecho a la visita íntima suspendida por las autoridades de la Dirección de Centros Penales.
Las autoridades sostienen que las órdenes de homicidios, extorsiones y otros delitos salen de las cárceles donde guardan prisión los principales cabecillas de las maras o pandillas, pero sus familiares dicen que se les están violando sus derechos y que algunos están enfermos y no reciben medicamento.
«Queremos ver a nuestros hijos», gritó una mujer que dijo llamarse Elizabeth pero que se negó a identificar a su familiar por temor a represalias. «Tengo más de dos meses de no verlo, no sé cómo está de salud», agregó.
Luego de una matanza de 11 trabajadores que estremeció al país y que las autoridades atribuyeron a las pandillas el gobierno puso en marcha una serie de medidas extraordinarias incluidas la declaración del estado de emergencia en siete cárceles y el aislamiento de los cabecillas de estos grupos criminales.
Después la Asamblea Legislativa aprobó un paquete de medidas que afectan al sistema penitenciario y autorizó a las autoridades a someter a aislamientos severos a estos criminales. También se aprobaron medidas severas para las empresas telefónicas que no acaten la orden de bloquear las señales en los alrededores de las cárceles.
El gobierno también desplegó un contingente de 1.000 soldados y policías de las fuerzas de élite para buscar y desmantelar los grupos de pandillas que han emigrado a las zonas rurales, donde en las últimas semanas se han registrado enfrentamientos armados con las fuerzas gubernamentales. Estas unidades especiales tienen como misión perseguir a unos 100 cabecillas de las pandillas para neutralizar su actividad de liderazgo.
A su vez desplegaron fuerzas combinadas para recuperar y controlar los territorios asediados por las pandillas en los 10 municipios donde se registran mayores hechos de violencia.
Según las autoridades de Seguridad Pública, las pandillas son responsables de la mayoría de los crímenes que se cometen en el país. Están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado, extorsionan y cobran derecho de piso a comerciantes y empresarios del transporte y asesinan a los que se niegan a pagar.
Las maras o pandillas, que tienen presencia en barrios y colonias populares, están integradas por unos 70.000 jóvenes y adultos. Unos 13.000 están presos y sus cabecillas han sido enviados a una cárcel de máxima seguridad, donde están completamente incomunicados con el exterior, según el gobierno.
