Hombres que vestían ropas militares cubiertos de sus rostros con pasamontañas y armados con fusiles, detuvieron a cuatro presuntos pandilleros y los asesinaron a machetazos en una zona rural al este del país, informaron el miércoles las autoridades salvadoreñas.
La Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil registraron la escena del cuádruple homicidio en el cantón El Amatón, del municipio de Jucuapa, departamento de Usulután, a 110 kilómetros al este de la capital.
Según las primeras investigaciones, los cuatro asesinados, presuntamente miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS 13), participaban en un velorio en una vivienda de la zona cuando el grupo armado llegó al lugar y se los llevaron para luego darle muerte con machetes. Fueron identificadas como Juan José Portillo, de 23 años; Saúl Jeremías Cruz, de 36; y José Rigoberto Márquez de 24, y un cuarto no identificado.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador ha denunciado el accionar de estos grupos de extermino y ha exigido a las autoridades una investigación exhaustiva de estas organizaciones criminales.
El Procurador de los Derechos Humanos, David Morales también ha responsabilizado directamente a la policía y a soldados de la fuerza armada de cometer ejecuciones extrajudiciales en dos matanzas que las autoridades reportaron como enfrentamientos con pandilleros.
Morales emitió dos resoluciones referentes a casos de privación arbitraria de la vida por ejecuciones extrajudiciales y uso desproporcionado de armas de fuego ocurridos en 2015, en el marco de operativos realizados por policías y soldados.
La Policía Nacional Civil y el ministerio de la Defensa Nacional han dicho que se están investigando todas las denuncias de violaciones a los derechos humanos y se han puesto a la disposición de la Fiscalía para colaborar en las investigaciones.
Recientemente con órdenes administrativas de la Fiscalía, capturaron a seis miembros de la Policía y 16 presuntos pistoleros a los que están procesando en los tribunales de justicia por formar parte de una organización criminal que se dedicaba a cometer robo, sicariato y exterminio de pandillero.
Según las investigaciones, esta organización estaría vinculada al menos en al menos una docena de homicidios y se pudo comprobar que algunos particulares habían pagado para que se le diera muerte a algunas personas.
A esta estructura criminal se le incautó nueve pistolas, un revolver, un fusil 22 milímetros, una escopeta calibre 12, 12.235 cartuchos, 14 cargadores para pistolas, tres chalecos antibalas, 17 uniformes de la policía y uno de la fuerza armada.
