En las semanas siguientes a la desaparición de 43 estudiantes universitarios en septiembre de 2014, las autoridades mexicanas detuvieron a decenas de sospechosos y dijeron que habían resuelto el caso.
En una apresurada conferencia de prensa los fiscales mostraron videos de supuestos traficantes de drogas que confesaban haber recibido a los estudiantes de manos de la policía, haberlos asesinado, incinerado sus cadáveres en un basurero y tirado los restos a un río.
Dos equipos independientes de expertos pusieron en duda la versión oficial. Y ahora esa versión ha sufrido otro golpe: denuncias de tortura.
En documentos obtenidos por The Associated Press, a los que no se había dado difusión hasta ahora, 10 de los sospechosos relataron un guión casi idéntico: primero vinieron los interrogatorios, después los golpes, las descargas eléctricas, asfixias parciales con bolsas de plástico y finalmente amenazas de que matarían a sus seres queridos si no hacían confesiones que sustentasen lo que decía el gobierno.
Algunos dijeron incluso que les dieron evidencia preparada o les indicaron lo que tenían que decir.
Informes médicos publicados el mes pasado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos parecen confirmar las versiones de que hubo torturas. De los diez archivos conseguidos por la AP, la organización revisó cinco y encontró pruebas verosímiles de torturas en todos ellos.
«En el transcurso del camino me iban dando electricidad en los testículos y en todo el cuerpo», declaró uno de los sospechosos, Patricio Reyes Landa, quien fue detenido un mes después de la desaparición de los estudiantes.
«En todo ese tiempo, que fue como dos horas y media de camino, llevé los ojos tapados y me fueron golpeando todo el camino», dijo el hombre a un juez en julio de acuerdo con los documentos obtenidos por la AP. «Recuerdo que se acercó una persona y me quitó la venda de los ojos y me mostró una fotografía de mi familia, de mis dos niñas, de mi esposa y mi hermano, y me dijo que si no hacía todo lo que me dijeran iban a violar a mis niñas… Le dije que yo iba a hacer lo que ellos me dijeran».
La declaración de Reyes Landa es clave para el gobierno porque fue uno de los primeros que confesó haber matado a los estudiantes y quemado sus cadáveres en un basural de Cocula, para luego arrojar los restos al río San Juan.
Aparte de esas confesiones y de un fragmento de hueso perteneciente a uno de los estudiantes, según se comprobó mediante análisis de ADN, los fiscales casi no tienen otras pruebas.
Bajo las leyes mexicanas, las confesiones obtenidas mediante torturas no son admisibles.
«Si desechan la confesión y no hay más pruebas, básicamente, no hay caso», dijo Denise González, especialista en derechos humanos y derecho internacional de la Universidad Iberoamericana de México.
La creencia generalizada de que las fuerzas de seguridad mexicanas recurren a torturas al investigar los delitos cometidos por los traficantes de drogas se reforzó con el video de un caso separado que circuló el mes pasado en las redes sociales. Mostraba a una mujer soldado y un oficial de la policía federal interrogando a una mujer joven a la que le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza hasta que perdió el conocimiento. El ejército confirmó la autenticidad del video que, dijo, se filmó durante un enorme despliegue de soldados en febrero de 2015 para combatir a los carteles.
En relación con los estudiantes desaparecidos, las denuncias de torturas involucran a los miembros de la policía federal o de las fuerzas armadas que arrestaron a individuos sospechosos de tener vínculos con el sanguinario cartel Guerreros Unidos.
La Procuraduría General de la República, como se conoce a la fiscalía en México, dice que miembros de esa banda mataron a los estudiantes después de que se los entregó la policía, que los había arrestado en la ciudad de Iguala.
Hay evidencias médicas que corroboran las denuncias de torturas.
Un informe de médicos de la fiscalía mexicana, preparado dos meses después de la detención de Reyes Landa, dijo que tenía moretones, rasguños y «lesiones puntiformes semejantes a las ocasionadas por la aplicación directa de dispositivos eléctricos (como picanas o «chicharras») en abdomen y muslos».
Igual de escalofriante es el testimonio del supuesto líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, quien dijo que un detective de la procuraduría abusó de él horas después de su detención en febrero del 2015.
«El señor aquí presente fue un uno de los primeros que me torturó y se sentó en mi estómago, y fue el que me asfixió con bolsas negras de plásticos, que además me violó con una pieza metálica», dijo Casarrubias mientras apuntaba hacia el detective Gabriel Valle Campos, según los documentos.
«Me amenazó que iba torturar a mi familia, a mis hijos de la misma forma en que lo estaba haciendo conmigo».
Eber Betanzos, subprocurador que supervisa el caso del gobierno, dijo que no puede comentar las denuncias de torturas y que le corresponderá a los jueces analizar una serie de evaluaciones físicas y mentales que se le está haciendo a unos 90 sospechosos que dicen haber sido torturados.
Betanzos indicó que 32 detenidos dicen que fueron torturados. Las denuncias involucran «mayoritariamente a agentes aprehensores distintos a la PGR», (Procuraduría General de la República).
Señaló que la Procuraduría General inició nueve investigaciones de torturas y que la mayoría de las denuncias abarcan «heridas que dejan huella», como moretones, cortes y esquimosis (moretones).
Últimamente la atención se enfocó en Agustín García Reyes, el primer sospechoso que identificó el sitio donde los restos de los estudiantes incinerados habían sido tirados al río San Juan y donde se encontró la única evidencia vinculada con los estudiantes.
El grupo de expertos internacionales de la Comisión Interamericana expresó dudas sobre su testimonio luego de que circularan fotos y videos en los que García Reyes aparece caminando junto al río con Tomás Zerón, investigador jefe de la Procuraduría General, el día antes de que los fiscales dijeran que habían sido hallados fragmentos de huesos.
Eso hizo pensar que la evidencia había sido colocada allí. En medio de acusaciones de manejos irregulares, Zerón dio a conocer un video propio en el que aparece en la escena del crimen con García Reyes, pero no se lo ve escarbando la tierra ni encontrando huesos. Eso daría crédito al argumento de los procuradores, que dicen que los restos fueron encontrados al día siguiente por buzos.
En los documentos obtenidos por la AP, García Reyes dice que fue torturado por horas, durante las que se le dijo lo que tenía que confesar cuando fue llevado al río aproximadamente un mes después de la desaparición de los estudiantes.
«Me pusieron la bolsa en la cabeza y me comenzaron a pegar; yo les dije que no sabía nada», relató García Reyes, de acuerdo con los documentos. «Me decían más vale que me digas adónde están porque si no vamos a matar a tu esposa y tu hijo y a ti también».
«Me siguieron pegando hasta que les dije que yo les iba a decir lo que ellos quisieran», agregó. «Me llevan al río y me dicen en la camioneta ‘ahorita tú vas a hacer como si tú hubieras tirado las bolsas al río y si no lo haces te vamos a seguir golpeando’. Llegamos a ese lugar y estaban grabando ellos y yo hice como si tirara las bolsas al río y me llevaron enseguida donde ya tenían una bolsas de plástico, las señalé como diciendo que yo las conocía».
A pesar de la denuncia de que fue torturado, no obstante, a García Reyes se lo ve caminando normalmente en un video de la fiscalía, sin signo alguno de haber sido maltratado.
González, la especialista universitaria en derechos humanos, admitió que es posible que algunos sospechosos inventen historias sobre malos tratos.
Pero agregó que, «en el contexto de México, donde la tortura es generalizada… toda denuncia debe ser investigada, y a partir del contexto, es muy posible que sea cierto».
