Unas 14 rutas de transporte colectivo de El Salvador han paralizado labores durante el año, según datos del sector. Aunque las suspensiones han ocurrido en distintas zonas, empleados y empresarios coinciden en que la medida ha respondido a amenazas de pandillas como exigencia del pago de la extorsión.
El caso más reciente ocurrió ayer, la ruta de microbuses MB 10-L, que conecta Quezaltepeque con el desvío hacia San Juan Opico (ambos municipios de La Libertad), dejó de laborar debido a amenazas de pandillas que han sufrido conductores y cobradores en los últimos días, según el testimonio de los empleados.
Un medio de comunicación de El Salvador hizo un recorrido por el sector donde viaja esa ruta y pudo constatar que ninguna de las 13 unidades que conforman la flota circuló ayer. Además, la caseta de despacho estuvo cerrada en la meta de las unidades en Quezaltepeque, como evidencia de la nula actividad.
La medida provocó que decenas de usuarios tuvieran problemas para transportarse en el trayecto que cubre la MB 10-L, donde según los testimonios hay varios caseríos.
Como alternativa los usuarios abordaron pick up y camiones que se dispusieron a hacer el recorrido.
Esto está difícil, nos cuesta movilizarnos porque solo esa ruta llega hasta donde vivimos, dijo una de las habituales usuarias. La mujer, sin embargo, señaló que no conocía las razones de la suspensión de labores.
Transportistas de la ruta consultados sobre las razones del paro señalaron, bajo anonimato, que un grupo de pandilleros le ha exigido a los empresarios un monto mayor a lo que usualmente pagan en concepto de extorsión. En caso de no pagar, dicen, los amenazaron con quemar las unidades o atentar contra la vida de los empleados.
Pese a esa amenazas, ayer no había presencia policial en la zona de Quezaltepeque donde se ubican la meta y la caseta de despacho de los microbuses MB 10-L.
El jueves pasado, la ruta de microbuses 41-B, que se desplaza entre Soyapango y San Salvador, también suspendió labores tras recibir amenazas de parte de supuestos pandilleros.
Los propietarios de las unidades dijeron, en anonimato, que las pandillas les exigen una cantidad de $5,000, para que puedan operar sin problemas, por lo que optaron en parar labores por el temor a represalias.
De acuerdo con las estadísticas del sector, el mes con más suspensiones de labores fue marzo. En ese mes hubo cinco rutas que decidieron apagar los motores de las unidades de transporte tras ser amenazados por supuestos grupos de pandillas.
El segundo mes con más casos de suspensión de labores de transportistas en este año fue enero, con cuatro rutas, tres de ellas de Soyapango, un municipio que ha sido golpeado constantemente por el acoso al sector en los últimos meses.
Los transportistas han alegado permanentemente la falta de seguridad, lo que según ellos les ocasiona grandes pérdidas económicas por las extorsiones.
La Federación de Empresarios Transportistas Salvadoreños (FECOATRANS) dijo en marzo pasado que las distintas rutas del país pagaban un estimado de $26 millones por año a pandilleros, en concepto de extorsión. Los empresarios llegan a ese monto al multiplicar el promedio de extorsión exigido por los pandilleros a los dueños de las 10,500 unidades (buses y microbuses) que conforman la flota de transporte colectivo.
Catalino Miranda, presidente de inversiones y negocios de FECOATRANS, dijo ayer que el rubro es de los más afectados por la inseguridad y la delincuencia, debido a que son un blanco fácil para que los delincuentes obtengan dinero por medio de la renta.
Miranda, además, considera que a pesar de las medidas extraordinarias impulsadas por el Gobierno para combatir a las pandillas, el sector transporte seguirá pagando extorsión.
