El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, dijo este martes que espera que la investigación sobre la muerte ocurrida la semana pasada de un niño de 13 años, a manos de soldados beliceños, concluya en una sentencia penal contra los responsables del crimen.
Morales explicó a periodistas que la Organización de Estados Americanos (OEA) realizará las pesquisas correspondientes por la muerte el miércoles de Julio Alvarado, de 13 años, en un incidente fronterizo que aumentó la tensión entre Guatemala y Belice, que sostienen un centenario diferendo limítrofe.
«El acuerdo fue encontrar y convocar a una entidad neutral y hemos dispuesto que sea la OEA la que conforme una comitiva ad hoc que pueda hacer las investigaciones», explicó Morales, quien expresó su esperanza en que la pesquisa «pueda generar algún tipo de sentencia para el o los responsables de esta situación».
El gobernante guatemalteco se reunió el sábado pasado en Nueva York con el primer ministro de Belice, Dean Barrow, con quien coincidió en la necesidad de reducir la tensión tras el incidente en en la zona fronteriza, legalmente no establecida y conocida como ‘línea de adyacencia’.
El lunes, Barrow declaró que la crisis había sido superada pero insistió que las fuerzas armadas beliceñas actuaron en defensa propia. «La forma en la que murió este niño con ochos disparos, cuatro de ellos recibidos por la espalda y uno en un ojo, no puede ser justificado como una legítima defensa, simple y sencillamente allí hay abuso de la fuerza y extralimitación por parte de esas autoridades», respondió el presidente Morales.
El ejército guatemalteco reforzó su presencia en las zonas colindantes con Belice con el despliegue de cientos de soldados tras la muerte del niño para «evitar nuevos incidentes», según el ministro de Defensa, Williams Mansilla.
Guatemala y Belice mantienen un diferendo territorial desde hace más de 150 años. Aunque Guatemala reconoció la independencia de Belice en 1991, le reclama a su vecino 12.272 km2, equivalente a 50% del territorio de la excolonia británica, incluyendo varias islas y cayos.
Ambas naciones acordaron elevar el caso a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, pero antes se tiene que realizar una consulta popular sobre el tema en cada país, para lo cual falta definir fechas.
