La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ha documentado 12 casos donde policías o militares habrían tenido participación en la muerte de personas que estaban perfiladas como integrantes de pandillas o a quienes ellos creían que podían estar vinculadas con estos grupos delincuenciales.
El procurador David Morales aseguró ayer, en una entrevista de radio, que la próxima semana revelará detalles de dos casos en los que las autoridades habrían cometido ajusticiamientos.
Estos hechos habrían sido registrados en diferentes enfrentamientos entre policías y pandilleros, en los cuales los agentes, una vez que tenían sometidos a los delincuentes, violaron el protocolo y no los arrestaron sino que les dieron muerte.
Aunque esos casos se habrían dado en 2015, el funcionario sostuvo que ya están abriendo expedientes de casos similares que habrían ocurrido este año.
Tenemos serias dudas de (que se han cometido) ejecuciones extrajudiciales. Tengo elementos suficientes para decir que han estado ocurriendo en algunos casos, dijo Morales.
La PDDH basa sus presunciones en la evidencia forense y en la poca evidencia criminalística que, según el procurador, les facilitó la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General al momento de hacer las investigaciones.
No hemos tenido colaboración en las investigaciones de la Procuraduría, pese a que en uno de los casos que anunciaré, incluso, se me requirió una investigación independiente por parte del entonces ministro de Seguridad, Benito Lara, señaló Morales.
Según el procurador, la Fiscalía General, cuando era dirigida por Luis Martínez, también obstaculizó el trabajo de la PDDH al no permitirle acceso a información de algunos casos en los que los policías y militares habrían abusado de su autoridad.
Según Morales, el mandato de la entidad que dirige es evaluar cómo han funcionado las instituciones y explicó que hay un protocolo internacional de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) sobre cómo el Ministerio Público debe investigar los casos en los cuales hay sospechas de ejecuciones extralegales.
Estamos detectando graves deficiencias en la investigación de control interno; una enorme pasividad de la Fiscalía… El fiscal Luis Martínez violentaba abiertamente la ley de la Procuraduría y desafiaba el mandato de manera irrespetuosa en sus contestaciones escritas, dijo Morales.
Expresó que ha encontrado una actitud más concertadora con el actual fiscal general, Douglas Meléndez, quien se ha comprometido a poner atención al tema y le ha dado a la PDDH mayor acceso a información.
La Procuraduría ha recabado información sobre dos casos de supuestas ejecuciones extralegales; ambos ya fueron evaluados y se han hecho conclusiones, según su titular.
Asimismo, Morales opinó que es entendible que la ciudadanía no condene las muertes de pandilleros a manos de policías y militares, porque son quienes sufren la violencia que ejercen estos grupos.
Sin embargo, señaló que el Estado y los funcionarios deben administrar la política pública en el marco de la Constitución de la República y de el Estado de Derecho.
