Un grupo de 14 personas, entre ellos ocho integrantes de la banda familiar «Los Mendoza», enfrentarán a la justicia por integrar una red que habría despojado de sus terrenos a campesinos de Petén, Guatemala.
Siete de los detenidos son enviados a prisión preventiva, incluidos Wálter Obdulio Mendoza Matta y sus tres hijos varones.
El Juzgado de Mayor Riesgo B ordenó que los detenidos afronten juicio por asociación ilícita, usurpación agravada y lavado de dinero.
Los procesados son Mendoza Matta, sus hijos Jefrey Obdulio, William Alfredo, Pablo André y Mariana Isabel, así como sus nueras Elky Jiovana Portillo, Julia María Murillo y Edlyn Elizabeth García, todos miembros de la banda criminal «Los Mendoza».
Los otros detenidos son Gustavo Adolfo Ramírez, Érick René Morales, Francisco Javier Morales, René Danilo Mejía, Nehemías Mateo López y José Gabriel López.
Mendoza Matta y tres hijos varones, así como Ramírez, Morales y Mejía, permanecerán en la cárcel mientras finaliza la investigación del Ministerio Público de Guatemala.
La hija de Mendoza Matta, sus nueras y otros tres procesados quedaron en libertad por medida sustitutiva.
El juez Miguel Ángel Gálvez determinó que el Ministerio Público debe establecer por medio de una investigación la veracidad de los hechos denunciados y los indicios de posibles delitos.
Uno de los delitos que la Fiscalía señala es asociación ilícita, por la posibilidad de que hayan integrado una agrupación que despojó a un grupo de campesinos de sus terrenos.
Se hacen cargos por usurpación agravada, porque se presume que obtuvieron 28 fincas ubicadas en Petén, entre el 2006 y el 2007, bajo amenazas de muerte en contra de los legítimos propietarios de los inmuebles quienes fueron obligados a vender por costos mínimos o por la falsificación de documentos legales con los que se acreditó el nombramiento de varios de los procesados como representantes legales de los dueños de las fincas, pese a que estos ya habían muerto o abandonado Petén.
El último hecho ilícito que se imputa es lavado de dinero, porque de acuerdo con una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, estos habrían incrementado su patrimonio sin sustento legal.
Las pesquisas preliminares indican que los ahora procesados vendieron en el 2011 los terrenos a las entidades forestales Ceibal y Chaklum, las cuales pagaron Q24 millones 56 mil 827, con ocho cheques.