Organismos de Derechos Humanos de Chile demandaron este lunes al gobierno de Honduras que entregue protección a defensores y activistas de DDHH hondureños tras el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, ocurrido la semana pasada. Representantes de estas organizaciones llegaron a la Embajada de Honduras en Santiago para entregar una carta.
En el escrito repudiaron el asesinato de Cáceres, pero también demandaron seguridad para su familia y para otros activistas que han sido hostigados en ese país, según dijo Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile.
«Llamamos al gobierno hondureño a dar protección real y efectiva a los defensores de DDHH, algunos de ellos que han recibido hostigamiento por su trabajo en defensa de los derechos humanos», dijo Lira a los medios tras entregar la carta dirigida a la embajadora de Honduras en Santiago, María Antonia Navarro.
Berta Cáceres, una reconocida medioambientalista hondureña, fue asesinada por un grupo de encapuchados que le dispararon en su casa en la ciudad de La Esperanza, a 200 km de Tegucigalpa, donde se encontraba el activista mexicano Gustavo Castro, quien resultó herido y fue impedido de salir de Honduras para que cumpla con diligencias judiciales sobre el hecho.
«Pedimos por la seguridad física y psicológica de Gustavo Castro, director de la organización otros mundos de México, quien se encontraba en la casa de Berta Cáceres y fue herido», afirmó Lira.
La misiva demanda además la presencia de una comisión independiente y otra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que investigue la muerte de Cáceres.
«No podemos seguir lamentando esta tragedia de nuestras mujeres y nuestros hombres que defienden los derechos humanos de nuestros países», aseveró Lira.
«Nos oponemos a la criminalización de la participación social que está ocurriendo en Honduras«, manifestó, por su parte, Javiera Cáceres, presidente del Colegio de Periodistas de Chile.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), cuya sede se encuentra en Santiago, y otras 70 organizaciones sociales, exigieron también justicia por la muerte de la activista.
