El Congreso de Florida aprobó este jueves un nuevo sistema para imponer la pena de muerte en el estado norteamericano, luego de que el anterior fuera declarado inconstitucional por la Corte Suprema estadounidense y un par de ejecuciones fueran suspendidas. El Senado aprobó este jueves la ley que ya había recibido el visto bueno de la Cámara de Representantes, por lo que fue enviada al gobernador de Florida, Rick Scott, para que la firme y promulgue.
La nueva legislación requiere que al menos 10 de 12 miembros de un jurado estén de acuerdo para imponer una condena a muerte.
Anteriormente, una pena capital podía ser decidida por una mayoría simple del jurado, pero además el juez tenía la última palabra sobre si imponía la condena o no.
La Corte Suprema de Justicia estadounidense dejó sin efecto en enero ese sistema, porque la máxima instancia judicial del país consideró que violaba una enmienda constitucional que garantiza un jurado imparcial que imponga la sentencia.
Mientras el Congreso local preparaba la nueva ley, la Corte Suprema de Florida suspendió las ejecuciones a dos reos que iban a tener lugar en febrero y marzo.
La asociación de defensa de las libertades civiles ACLU lamentó en un comunicado que el Congreso de Florida no haya ido más lejos y establecido que una pena capital necesita la decisión unánime del jurado, la «norma en casi todos los estados que aún usan la pena de muerte«, por lo que auguró que continuará habiendo «serios problemas constitucionales».
Florida es el segundo estado del país con la mayor cantidad de presos en el corredor de la muerte -casi 400-, por debajo de California.
Mientras, en el estado de Virginia (este) avanzó esa semana en el Congreso local un proyecto de ley que establece que los condenados a muerte sean ejecutados en silla eléctrica si las autoridades no logran conseguir las drogas que se usan en la inyección letal y que han escaseado en el país.
En Estados Unidos han decrecido en los últimos años tanto el número de sentencias a muerte como el de ejecuciones.
En 2015 fueron ejecutadas 28 personas, la menor cantidad desde 1991, según la organización Death Penalty Information Center.
