El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, aseguró este jueves que el asesinato de la dirigente indígena Berta Cáceres «es un crimen contra Honduras» que prometió investigar, mientras diversas organizaciones sociales y humanitarias responsabilizaron al gobierno.
En una comparecencia ante la prensa, el presidente reconoció que Cáceres «se ha destacado en la lucha por la protección del medio ambiente, fue una mujer muy valiosa para Honduras. Este crimen, para nosotros, es un crimen contra Honduras, es un golpe para el pueblo hondureño».
«Quiero agradecer la solidaridad nacional e internacional en este momento que hemos sido afectados por tan horrendo hecho (…) el dolor de la familia de Berta, de quienes la conocimos, es el dolor del pueblo hondureño», aseguró.
El presidente anunció que todas las agencias de seguridad del gobierno «están dedicadas completamente (…) a encontrar a los responsables y ponerlos a la orden de la justicia».
Por su parte, el embajador de Estados Unidos, James Nealon, ofreció al gobierno, «todos los recursos de mi gobierno en apoyar los esfuerzos para llevar a estos criminales ante la justicia»
Nealon condenó «este repudiable crimen», y expresó sus «profundas condolencias para los familiares y amigos» de la ambientalista que, dijo, «fue víctima de un cobarde asesinato».
– Dudosa protección –
Al mismo tiempo, organizaciones hondureñas e internacionales condenaban el asesinato y responsabilizaban al gobierno por no haberle dado protección a la activista que era blanco de constantes amenazas.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) señaló que Cáceres «se había movido a una casa de seguridad tratando de protegerse de los militares y los secuaces de los inversionistas de las represas».
El ministro de Seguridad, Julián Pacheco, explicó que la policía había asignado a Cáceres una seguridad permanente pero que, por decisión de ella, sólo se coordinaba protección en forma ocasional.
Aseguró además que la casa que Cáceres tenía registrada en la colonia El Calvario no es la misma en que fue asesinada, en el residencial El Líbano.
El Centro para el Derecho y la Justicia Internacional (CEJIL), un organismo adscrito al sistema interamericano de derechos humanos, condenó «enérgicamente» el asesinato y desmintió al ministro Pacheco.
«Desmentimos que Berta Cáceres renunciara a las medidas de protección y resaltamos la deficiente protección que se le brindó», señaló el organismo en un comunicado.
Berta «había recibido reiteradas amenazas a muerte por acompañar las luchas de defensa de su pueblo y además de sufrir persecución política y órdenes de detención», dijo en un comunicado el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (Copinh), que Cáceres coordinaba.
«Quieren asustar a la población con este crimen político cometido por sicarios de grupos fácticos ligados al Estado», denunció Salvador Zúniga, exesposo de Cáceres, con quien ella fundó el Copinh en 1993.
«Es un día triste para Honduras y el mundo», afirmó Jagoda Munic, presidente de la organización internacional Amigos de la Tierra, con sede en Estados Unidos
«Dada la situación en Honduras, donde indígenas, ambientalistas y activistas de los derechos humanos son blancos lo mismo del gobierno y de las fuerzas de seguridad, la presión internacional es necesaria para llevar a los asesinos ante la justicia y proteger a estos valientes para que puedan expresarse en nombre de los ciudadanos y del medio ambiente», concluyó Munic.
