La OEA instaló este lunes en Tegucigalpa una comisión que ayudará al gobierno de Honduras a combatir la corrupción y la impunidad, junto a jueces, fiscales y policías, una iniciativa que genera expectativas y dudas en la sociedad civil.
La Comisión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que tendrá como coordinador al abogado peruano Juan Jiménez Mayor, fue presentada en una ceremonia con asistencia de decenas de funcionarios, miembros de la sociedad civil y del cuerpo diplomático.
«Nuevos tiempos con integridad y honradez» para Honduras «va a rezar el trabajo que venimos a hacer», proclamó Jiménez Mayor en su discurso de presentación del organismo, que será similar a uno existente en Guatemala.
Añadió que la Organización de Estados Americanos (OEA) interpreta que «la corrupción es un factor de riesgo de la democracia» en el continente y «toma un camino nuevo» en una «iniciativa inédita» en Honduras.
– Acción mancomunada –
Jiménez estimó que fondos públicos por montos aproximados a 440 millones de dólares se desvían anualmente por la corrupción en Honduras.
Explicó que la MACCIH contará con un equipo de fiscales internacionales que han tenido experiencia en otros países, trabajando con policías, fiscales y jueces hondureños «en el desmantelamiento de redes de corrupción«.
Los miembros hondureños «serán seleccionados y certificados por la misión sobre la base de un protocolo» para potenciar la infraestructura de combate de la corrupción y la impunidad, subrayó.
Destacó que la sociedad civil tendrá un rol protagónico en un sistema de «monitoreo» de todo el trabajo de la misión para garantizar el cumplimiento de los objetivos.
Según el convenio, suscrito por el presidente hondureño Juan Orlando Hernández y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, el 19 de enero en Washington, la misión trabajará en cuatro «líneas de acción»: «prevención y combate de la corrupción«, «reformas a la justicia penal», «reformas político-electorales» y «seguridad pública».
Añadió que la misión que estará conformada por cinco directivos y medio centenar de funcionarios, entre hondureños y extranjeros, y rendirá un informe de labores cada seis meses.
Contará con financiamiento externo para garantizar su independencia y autonomía y cubrirá una primera fase de cuatro años, incluyendo dos que le quedan al actual mandato de Hernández.
«Estamos preparados, hemos gestionado y visibilizado la llegada de la MACCIH, vamos a brindar nuestro concurso para que el trabajo que ellos realicen sea de excelencia para Honduras«, afirmó el presidente Hernández a medios locales.
– Expectativas y dudas –
El coordinador de la ONG Alianza por la Paz y la Justicia, Omar Rivera, expresó que la instalación de este organismo «es un paso importante porque viene a revitalizar el trabajo contra la corrupción y la impunidad» y «viene a generar una expectativa grande» en la sociedad civil.
Por su parte, el representante en Honduras de Transparencia Internacional (TI), Carlos Hernández, reconoció que una «ley secretividad» conspira contra los planes de la MACCIH, pero que «nace del compromiso del gobierno en el combate de la corrupción» y «hay que esperar a ver lo que pasa».
La misión se concretó a raíz de la solicitud del presidente Hernández de que se estableciera en el país un mecanismo para combatir la corrupción y la impunidad, en un contexto de intensas movilizaciones populares el año pasado exigiendo una depuración en las instituciones públicas.
Las marchas que se repetían cada semana con decenas de miles de manifestantes de la llamada Oposición Indignada demandaban una comisión internacional similar a la CICIG, un organismo creado por la ONU que funciona en Guatemala desde hace ocho años.
Los manifestantes salieron a las calles luego que la fiscalía descubrió que unos 330 millones de dólares habían sido saqueados del sistema de seguridad social y de que el mismo Hernández aceptara que unos 94.000 dólares de ese dinero ingresaron a la campaña que lo llevó al poder, sin que el conociera entonces el origen de esos recursos.
