El gobierno argentino defendió el jueves los 6.200 despidos que realizó en la administración pública y advirtió que podría ordenar más, lo que ha puesto en pie de guerra al principal sindicato de estatales que anunció una huelga general. El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Hugo Godoy, acusó al gobierno de agitar la idea de que hay personas que cobran salarios sin desempeñar tareas en la administración con el fin de «despedir masivamente».
Godoy dijo que el paro nacional que anunció el sindicato para el 24 de febrero será acompañado por «movilizaciones en todo el país». Será la primera huelga contra el presidente conservador Mauricio Macri, quien reemplazó a Cristina Fernández (2007-2015).
El ministro de Modernización Andrés Ibarra dijo a radio La Red que las 6.200 «cancelaciones o no renovaciones de contrato» corresponde a las áreas del Poder Ejecutivo y fueron efectuadas desde el 10 de diciembre, cuando asumió Macri.
Ibarra señaló que mayoritariamente se trató de casos justificados en los que se comprobó que había personas que «directamente no concurrían a su lugar de trabajo, otras que lo hacían esporádicamente o casos de tareas que tenían que ser despeñadas por una persona pero lo hacían 10».
Agregó que «en lo que era el Ministerio de Planificación, había un solo teléfono y eran 10 telefonistas o 10 personas ejerciendo una función de fotocopiado con una sola fotocopiadora».
Ibarra explicó que en la actualidad está en marcha la revisión de contratos en distintos organismos y ministerios, por lo que no descartó que se concreten más despidos.
Godoy denunció que las autoridades despiden «para extorsionar al resto de los trabajadores en función» a que acepten «las condiciones a la baja en la discusión salarial». Sin embargo, admitió que «el mayor mal que produjo el gobierno anterior fue ese mecanismo perverso del trabajo precario» a través de contratos temporales.
ATE ha denunciado que durante los cerca de dos meses de gobierno de Mauricio Macri se han producido más de 20.000 despidos «en todas las modalidades de contratación existentes en los tres niveles del Estado, a lo que se suman jubilaciones compulsivas».
La administración pública nacional está integrada por unos 350.000 empleados de planta permanente y «fuera de eso hay 65.000 contratos y, dentro de esos, unos 25.000 que se nombraron en los últimos tres años», indicó Ibarra.
Si a ello se agrega «a las empresas del Estado, organismos descentralizados y los otros poderes llegamos a unos 750.000 trabajadores», señaló.
