Un tribunal federal de apelaciones revocó el jueves el fallo de un tribunal inferior que había declarado inconstitucional la pena de muerte en California debido a retrasos excesivos.
Un panel de tres jueces de la Corte del Noveno Circuito de Apelaciones dictaminó por unanimidad que el tribunal de primera instancia estaba excluido de la consideración de una nueva teoría constitucional según la cual los retrasos en la realización de las ejecuciones significaban un castigo cruel e inusual.
El juez de distrito Cormac Carney dictaminó el año pasado que la pena de muerte en California era una promesa vacía, con demoras impredecibles que representaban ejecuciones arbitrarias y extraordinarias.
Más de 900 personas han sido condenadas a muerte en California, pero sólo 13 han sido ejecutadas desde 1978. El caso en el centro del debate fue el de Ernest DeWayne Jones, un hombre de Los Ángeles condenado a morir por la violación y el asesinato en 1992 de la madre de su novia.
Jones, de 51 años, dijo en su apelación que el estado de California no le proporcionó una revisión justa y oportuna de su caso, que los retrasos superaron los de otros estados y que las condiciones en las que son mantenidos los condenados a muerte constituyen tortura.
La corte de apelaciones alegó que no podría sopesar la validez de la reclamación de un asesino convicto y condenado a la pena capital desde hace dos décadas debido a que el tribunal de primera instancia debía aplicar la ley federal en el momento de su condena y no con base en una regla constitucional novedosa.
«Muchos están de acuerdo… en que el sistema de pena capital en California es disfuncional y que la demora entre la condena y la ejecución en California es extraordinaria», escribió la jueza Susan Graber, quien subrayó la necesidad de «cumplir con la ley federal vigente en el momento en el que la condena se hizo final».
LOS ÁNGELES (AP)
