San Salvador, 12 oct (ACAN-EFE).- El Salvador superó los 3.000 homicidios y, pese a reducir las muertes violentas en un 31 % en comparación con el 2016, mantiene una epidemia de asesinatos, de acuerdo con datos divulgados por el director de la Policía, Howard Cotto.
El jefe policial señaló en conferencia de prensa que entre el 1 de enero y el 11 de octubre, el país registró 3.005 homicidios, 1.333 menos que los 4.338 computados en el mismo lapso del 2016.
Las autoridades atribuyen esta reducción a una serie de medidas "extraordinarias" de seguridad lanzadas en el primer trimestre del 2016, que incluyen el recrudecimiento del régimen carcelario para los pandilleros y la creación de un comando élite de 1.000 elementos.
No obstante, en este período, El Salvador, un país con una población de 6,52 millones de personas, marcó 46 homicidios por cada 100.000 habitantes, cifra lejana a los 10 que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera epidemia.
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Esta situación de epidemia la vive el país incluso desde el primer cuatrimestre del 2017 cuando fueron asesinadas 1.133 personas, para superar los 17 asesinatos por cada 100.000 habitantes.
A finales de septiembre pasado, el ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, aseguró que el Gobierno mantiene la previsión de reducir al final del 2017 en unos 20 puntos la tasa de asesinatos frente a la computada en 2016.
"Si el año pasado redujimos la tasa de asesinatos por cada 100.000 habitantes de 103 a 81,7, este año esos resultados se van a ver superados", sostuvo en esos días Ramírez Landaverde, quien a finales de mayo aseguró que la tasa del 2017 cerraría en 60 por cada 100.000 habitantes.
El país centroamericano vivió entre el 21 de septiembre y el 2 de octubre una de las mayores olas de asesinatos en lo que va del año en curso con 272 muertes violentas, misma que sus funcionarios aseguraron este jueves finalizó con la detención y aislamiento en una cárcel de máxima seguridad de 5 cabecillas.
El Salvador es asediado por las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias, que poseen más de 600 células en todo el país, a las cuales el Gobierno atribuye la mayoría de los crímenes.
