El máximo tribunal guatemalteco canceló ayer una orden presidencial para expulsar al comisionado anticorrupción de la ONU, un movimiento que generó críticas al mandatario dentro y fuera del país.
La Corte de Constitucionalidad también anuló la declaración de persona “non-grata” que el presidente Jimmy Morales emitió contra el abogado colombiano Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Morales ordenó el domingo la salida de Velásquez del país, pero casi de inmediato la Corte de Constitucionalidad bloqueó la medida y amparó temporalmente al comisionado. Ahora resolvió en definitiva a favor del comisionado, con tres votos a favor y dos en contra.
Uno de los argumentos para cancelar la orden de expulsión fue que debía ser firmada por Morales y los miembros de su gabinete; sin embargo, sólo lo hizo el mandatario.
Morales fue el centro de las críticas y diversas voces dentro y fuera de Guatemala le habían pedido que permitiera a Velásquez seguir con su mandato al frente de la Cicig.
El anuncio de Morales ocurrió dos días después de que la Cicig y la Fiscalía General anunciaran una petición para retirarle la inmunidad por presunto financiamiento ilícito a su campaña en 2015. La Corte Suprema aún tiene que resolver en los próximos días esta solicitud.
Tras la decisión judicial, Morales no había emitido ningún pronunciamiento, aunque sí lo hizo un funcionario de su gabinete.
El titular de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito, dijo que se van a “respetar las decisiones judiciales” y agregó que el presidente las “deberá acatar”.
El funcionario fue cuestionado sobre si el Gobierno estudiará otras medidas y dijo que el tema legal está bajo estudio de la Secretaría General de la Presidencia, aunque no entró en más detalles.
Más temprano el mandatario aseguró que no le teme a la ley, sostuvo Elsalvador.com
