Tres policías fueron asesinados en El Salvador en las últimas de 24 horas, el más reciente en la tarde del lunes, con el que ascienden a 23 los efectivos del cuerpo de seguridad ultimados en lo que va de 2017.
El último homicidio contra miembros de la Policía, y cuya identidad todavía no fue confirmada, se produjo en la localidad de Santa Tecla (suroeste) poco antes de las 19:00 hora local de este lunes (1:00 GMT del martes), según pudo corroborar Acan-efe.
A primeras horas del día, fue tiroteado el agente José Roberto Pérez Chacón, cuando salía de su casa en la localidad de Cabañas, durante su día de licencia.
Otro efectivo del cuerpo de seguridad, identificado como Andrés de Paul Domínguez, fue asesinado la pasada noche en el sureste del país, cuando se encontraba en su vivienda, también en su día libre, como la mayoría de los agentes que fueron ultimados en El Salvador.
Desde el 1 de enero de 2017, suman 23 los policías ultimados, de los que 18 fueron víctimas de una ola de ataques contra miembros del cuerpo de seguridad desde mediados de junio pasado; a estos se suman al menos 8 militares y un custodio de centros penales.
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El viceministro de Seguridad del país centroamericano, Raúl López, aseguró recientemente que las pandillas "han iniciado una escalada premeditada de violencia homicida para presionar, para el ablandamiento de las medidas extraordinarias", de seguridad implementadas desde marzo de 2016.
Según los informes de la inteligencia estatal, otro de los factores que han llevado a estos grupos a recrudecer la violencia es la proximidad de las elecciones para diputados y alcaldes en marzo de 2018 en busca de pactos.
Diversos sectores aseguran que las pandillas buscan diferentes beneficios a cambio de reducir los índices de violencia o votos.
A mediados de agosto, El Salvador registró un alza en las muertes violentas, que en ese momento rompió "el esquema de la cantidad que veníamos teniendo", de menos de 10 homicidios, según el director de la Policía, Howard Cotto.
El Ejecutivo atribuye a las medidas extraordinarias, que incluye el recrudecimiento del régimen carcelario, una baja del 37 % de los asesinatos en lo que va de 2017, pasando de 3.597 entre enero y mediados de agosto de 2016 a 2.259, en la actualidad.
Entre 2012 y 2014 las pandillas mantuvieron una tregua, que según reveló el ministro de la Defensa, David Munguía, fue puesta en marcha por la Administración de Mauricio Funes (2009-2014), aunque este sostiene que fue iniciativa de las "maras" y de la sociedad civil.
Un estudio realizado por el Instituto Centroamericano de Investigaciones para el Desarrollo y el Cambio Social (Incide) sostiene que las pandillas recrudecieron su patrón de violencia entre 2010 y 2015 por el mayor control territorial que les permitió esa tregua.
