La Justicia chilena canceló hoy la acusación por prevaricación presentada contra un juez que autorizó el cambio de nombre y sexo legal de una niña transgénero de 5 años, informaron fuentes judiciales.
Esta determinación fue catalogada como el "más significativo triunfo judicial a favor de la infancia trans", por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), que defiende en el país suramericano los derechos de la diversidad sexual.
"Hoy se hizo justicia a una niña y su familia, para un juez intachable y para la infancia trans. Estamos en presencia del fallo más significativo y robusto para los niños y niñas trans", señaló tras la audiencia el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez.
El Movilh, que actuó como defensor del juez en el litigio, precisó en un comunicado que esta sentencia "marcará la pauta del trámite de la ley de identidad de género", que se debatirá en la Cámara de Diputados en su último trámite legislativo.
El 22 de agosto de 2016, el juez Luis Fernández dio permiso al cambio legal de sexo y nombre, previa petición formulada por su familia, de una niña transgénero de 5 años.
Se trató de la primera rectificación de la partida de nacimiento de una niña a tan temprana edad en Chile, lo que "marcó un hito" en el ejercicio de los derechos de la infancia y la diversidad sexual.
El magistrado argumentó que "resulta evidente" que las personas trans "sufren a través de su vida, tanto íntima como social, un sinnúmero de conflictos y discriminaciones que le impiden desarrollarse y llevar una vida normal, siendo vulnerados sus derechos a la educación, trabajo, salud y participación en la vida ciudadana".
Por ello, es "absolutamente necesario abordarlo y generar las condiciones para salvaguardar la integridad física, emocional y social de quienes viven esta situación", advirtió el fallo.
Fernández decidió acoger la solicitud de la familia, pues en caso contrario "se vulneran los derechos de la menor, los que se encuentran garantizados por la Constitución Política de la República", concluyó.
Luego de conocerse la sentencia, la ONG cristiana Comunidad y Justicia decidió presentar en abril pasado una querella (acusación) por prevaricación contra el juez, al considerar que falló contra las leyes y la Convención de los Derechos del Niño.
