La policía detuvo hoy al menos dos empresarios del sector de transportes de Río de Janeiro, en el marco de una nueva operación de la Lava Jato que investiga el pago de 200 millones de reales (60,6 millones de dólares) en sobornos a políticos y funcionarios públicos.
La operación, bautizada de "Punto final", cumple ocho mandatos de prisión preventiva y tres de prisión temporal contra personas vinculadas al sector de transportes.
La noche del domingo la policía detuvo en un aeropuerto de Río de Janeiro al empresario Jacob Barata Filho, uno de los mayores empresarios de autobuses de Río de Janeiro e hijo del también empresario y banquero, Jacob Barata, conocido como el "Rey de los autobuses".
Barata Filho fue arrestado un día antes de que comenzara la operación policial, ya que los investigadores sospecharon que estaba intentando huir del país, pues tan sólo había comprado un billete de ida con destino a Portugal.
Hoy fueron detenidos Lélis Teixeira, presidente de Fetranspor, la federación de empresas de autobuses, y Rogério Onofre, expresidente de Detro, el departamento de transporte de carreteras de Río de Janeiro.
La operación se apoya en la confesión ante la justicia realizada por el expresidente del Tribunal de Cuentas del estado de Río de Janeiro Jonas López.
La corrupción en Río de Janeiro y la mala gestión han sumido al estado en un profunda crisis económica que le llevó a decretar el estado de calamidad financiera poco antes de la celebración de los Juegos Olímpicos de 2016.
La profunda crisis económica fue uno de los argumentos empleados por el juez Sergio Moro, responsable de la Lava Jato en primera instancia, para justificar la prisión del exgobernador de Río de Janeiro Sergio Cabral mientras recurre a sus sentencia.
Cabral fue condenado recientemente a catorce años y dos meses de cárcel por corrupción y lavado de dinero y ha sido denunciado en otra decena de procesos.
