El Gobierno de Uruguay informó este jueves que los presos y presidiarios liberados recientemente trabajarán para recuperar las veredas y equipamiento urbano, que puede resultar en una efectiva reinserción en la sociedad.
Gracias a los convenios firmados entre el Ministerio de Interior y las autoridades municipales de la capital uruguaya, las fuerzas gubernamentales insertan en forma de pasantías al expresidiario y al privado de libertad en el campo laboral.
Para el ministro de Interior, Eduardo Bonomi, el convenio ayuda especialmente a las personas que, luego de cumplir su condena, se les dificulta conseguir un empleo.
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El programa de trabajos comenzará a partir de septiembre y se realizarán en el Municipio CH, una de las comunidades más populares de la capital uruguaya. Posteriormente, un segundo grupo de reclusos, de la cárcel de Santiago Vázquez, se incorporarán a las labores de acondicionamiento urbano, mientras que un tercer grupo de ex-presidiarios trabajarán, a partir de noviembre, en el barrido de veredas.
Por su parte, el Gobierno uruguayo destinará un fondo de dos millones de pesos uruguayos (unos 71.839 dólares) para el cumplimiento del programa de inserción.
ONU pide a Honduras adoptar medidas para reconocer derechos de discapacitados
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU y la Federación Nacional de Organismos de Personas con Discapacidad instaron hoy a Honduras a adoptar medidas que le permitan reconocer a los discapacitados como sujetos plenos de derechos humanos y aprobar la Ley de Equidad y Desarrollo Integral.
Para Silvia Lavangoli, representante adjunta de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (OACNUDH) es fundamental que el Estado de Honduras adopte "los pasos necesarios" para garantizar el reconocimiento de "la discapacidad como una cuestión de derechos humanos y dejar el modelo asistencialista".
Esto tiene que ver con una serie de recomendaciones que el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad hizo en mayo pasado al Estado hondureño tras revisar si el país cumple con lo establecido por la Convención sobre los derechos de esa población.
En declaraciones a Acan-Efe, Lavangoli enfatizó que las personas con discapacidad en Honduras sufren "limites al goce de sus derechos humanos porque no hay un enfoque que reconozca esta situación como algo plenamente de derechos humanos".
La funcionaria de la OACNUDH lamentó que aún existe una "falta de entendimiento" de que las personas con discapacidad son sujetos de derechos humanos y no "una cuestión de desarrollo o social que resulta en modelos asistencialistas".
