La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) expresó hoy su "más honda preocupación" por los "desalojos forzosos" que el Gobierno de Guatemala ha realizado y tiene previsto realizar en varias áreas protegidas del departamento norteño de Petén, donde está la Reserva de la Biosfera Maya.
En un comunicado, la entidad criticó el desalojo realizado el pasado sábado en el área protegida Laguna Larga, de donde huyeron hacia la zona fronteriza con México las 73 familias -unas 300 personas- que, según el Estado, lo ocupaban ilegalmente desde 2004, cuando empezaron a hacer tala y cacería ilegal, e incendios forestales.
Según datos del Centro de Monitoreo y Evaluación de Guatemala, para el periodo 2000 al 2015 se talaron aproximadamente 4.377 hectáreas de bosque en el Triángulo de Candelaria, donde está ubicada el área, aunque también se producía cacería ilegal de fauna silvestre.
La Comisión Internacional de Juristas anunció además que las autoridades guatemaltecas tienen previsto realizar otro desalojo el próximo día 14, esta vez en la comunidad la Mestiza.
Ante esto, la entidad internacional recordó que las comunidades que viven en los municipios de San Andrés y La Libertad "siguen enfrentando la exclusión sistemática por parte de las instituciones del Estado, así como violaciones graves a los derechos humanos, en particular violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales".
"Por el hecho de vivir en una zona protegida de conformidad con la Ley de Áreas Protegidas, el Estado guatemalteco considera a estas poblaciones como "ilegales" y las acusa de cometer el delito de "usurpación", pero "paradójicamente" sí permite "y facilita" la explotación petrolera de la compañía Perenco.
Esto, continúa, aún cuando los derrames petroleros y otras actividades relacionadas producen "un serio deterioro a las reservas de agua dulce, las cuales son las más importantes de Mesoamérica: La CIJ considera que esta política afecta seriamente los derechos de la población asentada en la zona".
Es así como denunció además un "acoso permanente" a las poblaciones que se asentaron en esta área en la década de los 60, estableciendo "cercos de presión psicológica, material y militar" que contradicen a la Constitución guatemalteca y a otros convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos.
