La justicia colombiana condenó a 21 militares en retiro a entre 37 y 52 años de prisión por el asesinato de cinco jóvenes a los que hicieron pasar por guerrilleros muertos en combate.
Una jueza penal consideró en su fallo que el asesinato de los jóvenes que vivían en Soacha, al sur de Bogotá, fue un crimen de lesa humanidad.
Según la magistrada las muertes no fueron consecuencia de enfrentamientos armados sino de un plan organizado con la única finalidad de reportar una falsa operación para acceder a los beneficios que se otorgaban a los militares.
De acuerdo con la jueza, la Fiscalía General de la Nación logró probar que en agosto de 2008 las víctimas fueron reclutadas mediante engaños y promesas de trabajo y conducidas a la población de Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, donde fueron asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate.
Los militares retirados, que integraban en esa época la brigada con sede en Ocaña, fueron condenados por los delitos de desaparición forzada, concierto para delinquir agravado, falsedad ideológica en documento privado, homicidio agravado y porte, tráfico y fabricación de armas de fuego.
Según las autoridades judiciales a los jóvenes les colocaron uniformes camuflados del ejército y les colocaron armas de fuego en las manos y luego de sus muertes presentaron un reporte oficial en el que manifestaron que habían muerto en un combate con un grupo armado ilegal.
En Colombia han sido condenados en los últimos años centenares de militares por casos de ejecuciones extrajudiciales de civiles, la mayoría jóvenes que luego eran presentados como guerrilleros muertos para obtener prebendas y reconocimientos, a los que se denomina "falsos positivos".
